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Tras el Foro de Violencia Ácida, donde víctimas expusieron las deficiencias que tienen las tres reformas propuestas para castigar los ataques con ácido en Puebla. Se hará una propuesta conjunta que recoja las observaciones hechas. Y analizarán cuáles peticiones pueden incorporarse.

Este jueves, el dirigente del PRI, Néstor Camarillo Medina, expuso que buscará a las diputadas que también presentaron sus iniciativas en la materia, para realizar una mesa de trabajo.

La idea, es incorporar las propuestas que hicieron las “sobrevivientes de la violencia ácida”, el pasado 11 de octubre.

El también diputado aseguró que, con el visto bueno de la Fundación Carmen Sánchez, “seguramente haremos una sola gran iniciativa, reforzada, donde todos se sientan satisfechos y salga adelante”.

Después de escuchar las historias de las víctimas de estos ataques machistas, Néstor Camarillo coincidió en que las penas deben ser superiores a lo que plantean las actuales propuestas.

Aunque aseguró que incorporarán las peticiones de la Fundación Carmen Sánchez. No precisó cuáles exigencias incluirán en la nueva reforma contra los ataques con ácido en Puebla. Buscará su presentación y aprobación antes del 15 de diciembre, fecha en que concluye el periodo ordinario.

Nestor Camarillo adelantó que buscará robustecer la reforma para castigar ataques de ácido en Puebla

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“Apoyaremos la iniciativa”

El presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, mencionó que deben revisar las sanciones que actualmente existen en el Código Penal. Lo anterior para ver cómo se castigan los ataques con ácido en Puebla.

La propuesta que formulen los diputados, recibirá el respaldo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, pues “estaremos en la ruta de poder apoyar, pero siempre dentro del análisis jurídico”.

Durante el Foro de Violencia Ácida del 11 de octubre, Ximena Canseco, vicepresidenta de la Fundación Carmen Sánchez, calificó como insuficiente el intento por tipificar la violencia ácida como una agravante de lesiones. Pues las víctimas, más bien, necesitan que se tipifique como un delito independiente, con sanciones más severas.

También, es necesario obligar “al sector salud a operar de manera gratuita a las víctimas, y de manera gratuita se dé asistencia psicológica, terapia física de rehabilitación y se otorguen todos los productos que se necesitan”.

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