Del 2018 al 2021, la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla presentó 38 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada contra el Combate a la Corrupción.
De acuerdo con datos del último reporte semestral, en esos cuatro años, el órgano realizó un total de mil 296 auditorías. Estas se hicieron a diferentes sujetos obligados, entre los tres poderes, órganos autónomos, municipios y sistemas operadores de agua.
Del total de las auditorías realizadas, la ASE emitió 11 mil 109 pliegos de observaciones. Sin embargo, no se detalló el monto de irregularidades detectadas.
El 49.9 por ciento de las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador, no han sido solventadas por los sujetos obligados. Es decir, cinco mil 553 observaciones que se consideran un daño patrimonial para la hacienda pública del estado.
De estos cuatro años, fue en 2018, durante la administración de Antonio Gali Fayad, que se emitió el mayor número de pliego de observaciones. En este año se emitieron cinco mil 22 pliegos, de los cuales tres mil 104 no fueron aclarados.
Para 2019, durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, la ASE emitió dos mil nueve pliegos, con presunto daño patrimonial. Sin que fueran aclarados 74 de ellos.
En tanto, durante el barbosismo, entre 2020 y 2021, se emitieron cuatro mil 78 pliegos de observaciones. De los cuales no se aclararon dos mil 375.
Asimismo, se reportó que a los diferentes entes obligados se le realizaron cuatro mil 104 recomendaciones.
Por estas irregularidades, la ASE Puebla presentó ante la Fiscalía contra el Combate a la Corrupción 38 denuncias penales.
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ASE Puebla solo recuperó poco más de 100 mil pesos de los sujetos obligados
Después de realizar los pliegos de observaciones y las denuncias ante la Fiscalía contra la Corrupción, la ASE de Puebla, solo logró recuperar 101 mil 923 pesos.
A pesar de que en los cuatro años se detectaron irregularidades por más de 100 millones de pesos, lo recuperado apenas representa una fracción mínima.
Cabe recordar que, hace apenas un mes, la Comisión Inspectora aprobó los informes individuales de 297 sujetos obligados de la cuenta pública de 2018.
Además de que se analizaron los daños patrimoniales de las cuentas públicas de 2016, que no solventaron los ayuntamientos.
En total, 30 exalcaldes incumplieron sus obligaciones, y se advierte un daño patrimonial de 49 millones 732 mil 073 pesos.
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