El secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, habría anticipado la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE).
De gira por Sonora para promover la consulta ciudadana por la Revocación de Mandato, el tabasqueño adelantó que con la reforma electoral que el Presidente Andrés Manuel López Obrador enviará en los próximos días a la Cámara de Diputados, “se van a ir todas esas que ahora se llaman autoridades electorales”.
Esos ya se van y los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas”, exclamó entre aplausos de dirigentes y militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Y continuó: “Ya todos ustedes saben que se va a presentar una iniciativa de reforma electoral, […] México va a ser el primer país del mundo donde la gente, donde el pueblo, elija democráticamente en las urnas a quienes van a conducir las próximas elecciones”.
En tierras sonorenses, López Hernández estuvo acompañado del mandatario en turno, Alfonso Durazo Montaño; el gobernador interino de Tabasco, Carlos Manuel Merino; el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, y el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, entre otros funcionarios, ediles y legisladores, locales y federales.
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Apenas el 29 de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE pidió a 18 gobernadores, entre ellos el de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, mantenerse al margen del proceso de Revocación de Mandato y evitar la difusión de mensajes o comentarios que no estén apegados a lo estipulado en la Constitución y por veda.
Mediante un comunicado, el órgano electoral informó que concedió las medidas cautelares solicitadas por Movimiento Ciudadano en contra de las publicaciones en Twitter de 13 mandatarios del país. Además, hizo un llamado a cinco gobernadores más para que se conduzcan con neutralidad.
En todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, recalcándoles, por una parte, la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para difundir propaganda gubernamental y, por otra, la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir en la opinión ciudadana”, fueron las recomendaciones.
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