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Los diputados del PRI en el Congreso de Puebla presentaron una iniciativa para fijar una tarifa para  grupos vulnerables. Además se busca que las unidades cuenten con asientos exclusivos para adultos mayores, con discapacidad, mujeres embarazadas y niños.

En Sesión Ordinaria, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Isabel Merlo Talavera propuso adicionar la fracción 8 al artículo 15 de la nueva Ley de Transporte, avalada en noviembre pasado.

La legisladora resaltó la necesidad de estipular por ley el descuento que actualmente se realiza, para que este siga vigente pese a los cambios de gobierno, logrando que queden vigentes los derechos de los grupos vulnerables.

De igual forma, que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) vigile que las unidades tengan “mejores condiciones de accesibilidad”, a la hora de entregar las concesiones.

La propuesta también incluye que el transporte público tenga asientos reservados para personas adultas mayores, gente con alguna discapacidad y mujeres.

“Es adecuado la necesidad de enriquecer y perfeccionar la Ley, agregando con claridad más derechos para las usuarias del transporte (…) con la obligatoriedad de contar con la identificación plena de los asientos destinados para los grupos de vulnerabilidad y de las mujeres de manera específica, en todos los tipos de transporte”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Transporte y Movilidad para su estudio.

Una Ley de Transporte con enfoque de género

Antes de la aprobación de la Ley de Transporte, Isabel Merlo adelantó que una de las prioridades era crear un aparato jurídico que protegiera a las usuarias e incentivara la equidad de género.

La noción de un transporte que beneficie a las poblanas está considerada en el cuerpo de la Ley, abriendo la posibilidad de ampliarlo de forma particular, como pretende la iniciativa presentada este jueves.

Además de este enfoque, dicha Ley obliga a los concesionarios a tener unidades en óptimas condiciones, además de que regula el uso de grúas en la entidad, con la finalidad de evitar abusos en los cobros.

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