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Las diputadas de Morena y el PAN, Azucena Rosas Tapia y Mónica Rodríguez Della Vecchia, respectivamente, buscan ampliar la vigencia de las órdenes de protección a las personas que sufran algún tipo de violencia hasta que termine el proceso de investigación y que no sólo duren 90 días, como actualmente se estipula.

Las iniciativas de ambas legisladoras son similares, sólo cambia la redacción y la finalidad es reformar, sobre todo, el artículo 25 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ambas propuestas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género.

Rodríguez Della Vecchia propuso retirar la duración de hasta 90 días de las medidas de protección contra mujeres que sufren alguna violencia, como actualmente estipula el citado artículo. La finalidad es establecer que dichas medidas se mantendrán hasta que concluya la investigación o cese la situación de riesgo.

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una vigencia durante el tiempo que dure la investigación y permanecerán hasta que cese la situación de riesgo para la víctima; debiéndose expedir de manera inmediata o a más tardar dentro de las dos horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, garantizando durante ese tiempo la seguridad de la víctima”, detalló la reforma.

La iniciativa de Morena

En cambio, Rosas Tapia propuso la misma prórroga de tiempo, con una redacción distinta, quedando de la siguiente manera:

Las órdenes de protección tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación o prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima; y deberán expedirse de manera inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan”.

Además, propuso adicionar el artículo 25 Bis, para definir que las órdenes deberán dictarse con los principios de protección, confidencialidad, eficacia, accesibilidad e integridad, con el objetivo de garantizar una eficaz protección de las víctimas.

Esta modificación de las medidas u órdenes de protección en Puebla ocurre tras el feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez, asesinada la mañana del pasado 21 de mayo por dos sujetos en motocicleta que le dispararon en seis ocasiones, mientras circulaba cerca del Periférico Ecológico, a la altura de Santiago Momoxpan.

Cecilia Monzón enfrentaba distintos litigios, toda vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) le negó medidas de protección, en un momento donde ella presintió que su vida corría peligro. A dos semanas del delito, las autoridades siguen sin dar con los responsables.

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