La diputada de Morena por Puebla, Daniela Mier Bañuelos, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para castigar con hasta ocho años de prisión el robo y contrabando de piezas culturales en la entidad, ante los recientes casos.
En el dictamen de su propuesta, la legisladora subrayó que el robo de artefactos históricos y culturales ha sido una constante en la entidad poblana, quedando como ejemplo la extracción de las águilas de bronce del Mausoleo de Zaragoza, en Puebla, ocurrida en 2019, así como el saqueo de museos durante el morenovallismo.
Daniela Mier expuso que esta práctica es recurrente, debido al alto grado de impunidad que existe, toda vez que se trata de una actividad de bajo riesgo y de alta rentabilidad.
La imposición de penas y sanciones acordes al delito cometido es muy importante para prevenir el tráfico. Sin embargo, en nuestro país las penas a los delitos cometidos contra el patrimonio son muy bajas y casi nulas”, expuso en el texto.
Por ello, consideró que tipificar este delito a nivel local permitirá inhibir dicha práctica, “tanto por el crimen organizado como por cualquier otra persona”.
Es claro que tenemos una gran responsabilidad sobre la protección de nuestra historia y nuestro acervo cultural. México es resultado de varios eventos heroicos al igual que nuestro estado de Puebla, y debemos cuidar aquellos objetos que nos hacen recordar la historia y que forman parte de ella”.
La pena
De esa forma, propuso reformar el artículo 374 del Código Penal del Estado, donde se precisan las diferentes modalidades de robo, agregando un castigo específico por el contrabando de piezas culturales en Puebla.
Planteó una pena de cuatro a ocho años de prisión, así como una multa de 500 a 8 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), que se traducen a un monto de 48 mil 110 a 192 mil 440 pesos, cuando:
El objeto del robo sea la sustracción, apoderamiento, comercialización o posesión recaiga sobre monumentos muebles o inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
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