El Congreso del Estado oficializó la salida de Héctor Sánchez Sánchez como magistrado del Poder Judicial de Puebla. Al mismo tiempo, ingresó la propuesta para designar a magistrados de la nueva Sala Constitucional, para atender controversias.
En sesión del Pleno, este jueves la Mesa Directiva dio cuenta del oficio enviado por el exmagistrado, horas después de hacer pública su renuncia a la vida pública.
Esto ocurre, a dos semanas de haber dejado la presidencia del Poder Judicial, tras advertirse que podría ser destituido por su presunta relación con el ex gobernador del PAN, Antonio Gali Fayad, y por presuntas irregularidades que aún no han sido aclaradas. Fue reemplazado por Margarita Gayosso Ponce.
El presidente del Legislativo, Sergio Salomón Céspedes explicó que ante la salida de Héctor Sánchez, asumiría como magistrado su suplente. En caso de que él desista, entonces el Ejecutivo enviaría una terna para elegir a uno nuevo.
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De igual forma, el Congreso del Estado dio cuenta de la propuesta del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, para los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
El Ejecutivo propuso a Arely Reye Terán, extitular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es cercana al coordinador de la bancada del PRI, Jorge Estefan Chidiac.
A su vez, propuso a Lorenzo Martínez Benítez, director de General de Tenencia y Población del gobierno del estado.
Van por magistrados de la Sala Constitucional
De igual forma, el Congreso del Estado dio cuenta de la propuesta del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, para designar a los magistrados de la Sala Constitucional, el nuevo órgano que resolverá las controversias constitucionales que ocurran en la entidad.
La creación de esta instancia se aprobó el 6 de octubre. Forma parte de una amplia modificación al Sistema Judicial de Puebla, que contempla la destitución de magistrados y jueces por conflictos de intereses en los juicios.
La Sala Constitucional podrá revertir las decisiones de los Cabildos, en tanto sean contrarias a la Constitución. Esta facultad fue criticada como un intento de esquivar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano que de forma constante ha declarado acciones de inconstitucionalidad cometidas por el Congreso del Estado.
Cuando un ayuntamiento genere un acto que sea contrario a la Constitución local, se podrá recurrir a través de esta herramienta de control de constitucionalidad, solicitándolo o el presidente municipal o en su caso al menos una tercera parte de los integrantes del ayuntamiento”, señaló en octubre el coordinador de la banda del PAN, Eduardo Alcántara Montiel.
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