El Congreso de Puebla descartó que exista un daño patrimonial a la Auditoría Superior del Estado (ASE), durante la gestión de la ex titular, Amanda Gómez Nava.
Por lo que no enfrentaría consecuencias penales, pues las irregularidades detectadas solo son faltas administrativas.
Así lo evidenció el diputado y presidente de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE Puebla, José Miguel Trujillo de Ita.
El legislador rechazó que las irregularidades detectadas dentro del informe definitivo de evaluación financiera y de desempeño de la Auditoría sean graves. Pues dijo que únicamente no se llevó a cabo el procedimiento adecuado.
No se llevó a cabo el procedimiento en la compra del vehículo, así como en la compra del servicio de comedor, todavía no se concluye al 100 por ciento”.
José Miguel Trujillo dijo que, tras la revisión por parte del Congreso se descartó que exista un daño patrimonial a la ASE en la gestión de Amanda Gómez Nava.
Amanda Gómez Nava enfrentaría posible inhabilitación tras irregularidades detectadas por el Congreso de Puebla
El diputado José Miguel Trujillo detalló que las irregularidades detectadas por el Congreso de Puebla en la ASE, no tendrán implicaciones penales para Amanda Gómez Nava.
Pues las fallas en los dos contratos por más de 3.8 millones de pesos, solo se trató de faltas administrativas en los procesos.
Asimismo, descartó la comparecencia de la extitular de la ASE Puebla, quien deberá responder ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
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Dicha instancia determinará la sanción en contra de la funcionaria barbosista, quien podría ser inhabilitada de la administración pública.
El último informe de la ASE Puebla evidenció la compra de una camioneta blindada de nivel tres. Misma que adquirieron el 18 de mayo de 2023 con la empresa “Sumarcortec, S.A. de C.V.”. Y a quien le pagaron dos millones 897 mil 680 pesos.
Mientras que el segundo contrato consta de un pago por 984 mil 471.12 por el servicio de alimentos para el personal, a favor de María del Carmen Jacqueline Hernández Tobón.
Estas irregularidades se suman a la compra con sobrecosto de seis drones, por 1.1 millones de pesos; con el pretexto de “fiscalizar obras públicas”.
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