El Congreso de Puebla se quedó fuera de ser de los primeros en avalar la Ley 3 de 3, pues antes se logró su aval en 17 estados. Por lo que se elevó a rango constitucional impedir que “violentadores” de mujeres puedan ser funcionarios o candidatos.
Aunque el presidente del Congreso local, Eduardo Castillo López, presumió en una rueda de prensa que Puebla sería de los primeros estados en respaldar dicha iniciativa, solo quedó en dichos.
El Poder Legislativo de Puebla fue el decimonoveno en aprobar la iniciativa que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Mexicana. Mismo que se logró por unanimidad de los legisladores poblanos.
Estos ordenamientos establecen la suspensión de los derechos políticos en contra de los hombres sentenciados por violencia familiar. Así como los condenados por ataques sexuales o por haber ejercido violencia política de género.
Con esto se impide que cualquier persona sancionada por “violentadora” o que ha incumplido con sus obligaciones alimentarias pueda contender en un proceso electoral. O bien, ser funcionario público.
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Tamaulipas fue el primer estado en validar la reforma; de ahí los congresos de Baja California, Baja California Sur y Ciudad de México. Al igual que Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Estado de México y Guerrero.
Así como Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, este último fue el estado 17 en aprobar esta medida.
Por lo que la aprobación por parte del Congreso de Puebla fue de “mero trámite”. Pues ya el Senado de la República cuenta con la aprobación de la mayoría de los congresos locales. De esta forma, el Congreso de Puebla fue el 19 en aprobar la Ley 3 de 3 a nivel federal.
Reducen edad para ejercer cargo público
De igual forma, dentro del paquete remitido por el Senado de la República, ingresó la iniciativa para reducir la edad a 18 años para ser candidato a diputado federal y de 25 para fungir como secretario de estado.
Esto tras la reforma presentada a la fracción II del artículo 55 y el artículo 91 de la Constitución Política de México.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad de los diputados poblanos y se remitió al Poder Ejecutivo. A fin de que se publique en el Periódico Oficial del Estado (POE) y al Senado.
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