Este jueves, el Congreso de Puebla aprobó por mayoría calificada la destitución de Francisco Romero Serrano como titular de la ASE, quien está preso por el delito de presunto uso de recursos ilícitos, dejando una administración manchada de retrasos y convenios con sus allegados.
Su salida se discutió cómo único punto de la sesión extraordinaria, dónde se avaló el dictamen de la Comisión, Vigilancia y Evaluación, tras la intervención de ocho diputados a favor y en contra.
La votación fue con 36 votos a favor y tres abstenciones del Partido Acción Nacional (PAN).
La presidente de la Comisión de Control, Olga Romero Garci Crespo, defendió que la destitución de Romero Serrano se debe a su imposibilidad para desempeñar su cargo como titular de la ASE al estar detenido por el delito de operación de recursos ilícitos.
Y es que la legisladora subrayó que su ausencia “afecta el ejercicio de la fiscalización” de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
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— Periódico Central (@CentralPuebla) March 31, 2022
Sin embargo, la oposición recordó que la designación de Romero Serrano estuvo llena de inconformidad, cuando fue elegido por la entonces LX Legislatura, en noviembre del 2019.
La panista Mónica Rodríguez Della Vecchia resaltó que el ex auditor fue designado con 27 votos a favor, cuando se requerían 28 sufragios, lo que calificó como una “imposición”.
Pidió que quien sea designado como nuevo titular debe cumplir con los requisitos legales, tener el conocimiento necesario y actuar con “integridad”.
Por su parte, el panista Oswaldo Jiménez López sorprendió con su voto a favor, exponiendo que solo apoya el dictamen por el opaco desempeño de Romero Serrano y subrayó que “nunca debió haber llegado”.
El auditor terminó siendo tan presuntamente mal hecho y corrupto, que ahora está siendo llevado al cadalso por el mismo grupo que lo impulsó”.
Romero Serrano se despide como el titular de la ASE que menos ha durado
La separación formal de Romero Serrano como titular de la ASE ocurre a un mes 17 días de que fue inhabilitado momentáneamente, por orden de un Juez de Control que emitió esta medida cautelar por el delito de violencia familiar.
Pasará a la historia como el auditor de Puebla que menos ha durado en el cargo. Solo estuvo durante dos años y cuatro meses, tras haber sido nombrado por la LX Legislatura, el 27 de noviembre del 2019.
Su flojo desempeño en la ASE estuvo lleno de irregularidades, como el retraso en la revisión de las cuentas públicas del 2019, que el Congreso local pudo aprobar hasta finales del 2021.
Pero principalmente, porque algunos despachos afines a él se vieron favorecidos con auditorías externas. CENTRAL informó que entre los bufetes que trabajaron con Romero Serrano, cinco pertenecían a sus allegados y conocidos, quienes fueron inscritos en el padrón pese a no cumplir con los requisitos de la convocatoria.
Entre las personas beneficiadas estuvieron los quintanarroenses José Maximino Muñoz Lara y Miguel Ángel Castillo Castillo, amigos personales del titular de la ASE, y quienes además reportaron el mismo domicilio fiscal en Puebla, colocando como sus teléfonos números de Quintana Roo.
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Las otras firmas beneficiadas fueron: Grupo Jus S.C., que tenía como representante legal a Diego Rodríguez Cruz; Maldonado Jurado Asociados S.C., cuyo representante legal es Juan Manuel Maldonado Calderón, así como Soluciones Profesionales Modernas S.C., a cargo de Antonio Sánchez López.
Para que en 2021 pudieran mantenerse en el registro, Romero Serrano modificó la convocatoria y quitó, como parte de los requisitos, que las firmas contaran con licencia de funcionamiento.
A eso, se suma la denuncia en su contra por violencia familiar que CENTRAL dio a conocer. El 28 de octubre del 2021, policías de San Andrés acudieron a su residencia, atendiendo una llamada de auxilio, pues supuestamente agredió a su esposa, a su hijo y a una nana, en estado de ebriedad.
Con estos antecedentes, Romero Serrano, ahora ex titular de la ASE, fue detenido el pasado 25 de febrero, por el presunto delito de operación de recursos de procedencia ilícita, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un cateo en su domicilio, ubicado en el exclusivo fraccionamiento de La Vista Country Club, en San Andrés Cholula.
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