Uno de los aspirantes a la dirigencia estatal, Agustín Guerrero Castillo aseguró que las impugnaciones por compra de votos en Morena Puebla derivarían en procesos penales, al tratarse de un delito electoral.
Según indicó, los sucesos de la jornada del 30 de julio en la entidad poblana pueden derivar en distintas causales, por lo que no todos los hechos registrados causarían la anulación de las consejerías o distritos donde hubo irregularidades.
En entrevista para CENTRAL, explicó que, en lugar de provocar alguna anulación, el acarreo y la compra de votos en Morena Puebla derivarían en procesos penales, pues estos actos serían calificados como delito.
No se puede anular (el triunfo de un consejero). Lo que sí se puede, es agarrar a la persona que estaba comprando votos y meterla a la cárcel. Son dos actos totalmente distintos”.
Detalló que los procesos avanzarían de esa forma, si los quejosos o el partido presentan las denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).
A su vez, comentó que la renovación del Consejo Estatal solo puede ser anulada por distrito cuando se cambia la dirección del centro de votación sin autorización; cuando los sufragios son recibidos por funcionarios de casilla ajenos a los asignados, así como ante casos de violencia generalizados, siendo que en Puebla, el único conflicto ocurrió en Tehuacán.
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Contradicciones sobre la anulación de procesos
Agustín Guerrero declaro lo anterior cuando el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo aseguró que sí anularán los triunfos de aquellos consejeros que hayan incurrido en acarreo y compra de votos, en tanto existan pruebas suficientes.
En Puebla, hubo un intenso acarreo y compra de sufragios, orquestado por los distintos grupos antagónicos que buscaron el control del partido mediante el Consejo estatal. Alrededor de 173 alcaldes de toda la entidad, pactaron el traslado y pago de simpatizantes, con operadores afines al gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien ahora tiene a la mayoría de consejeros.
Con impugnaciones en puerta y con el retraso en el conteo de casillas en otras entidades, el 9 de agosto el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) aprobó retrasar la designación de las dirigencias estatales, incluida la de Puebla.
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