La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calificó de ilegal la reforma a la Ley Orgánica de la BUAP al señalar que es discriminatoria, por lo que hizo una recomendación para modificarla y eliminar los párrafos que incurren en estas prácticas.
Así se dio a conocer a través de la acción de inconstitucionalidad 159/2023, promovida por la presidenta del organismo María del Rosario Piedra Ibarra.
Esto después de que fue reformada la Ley Orgánica de la BUAP y publicada el pasado 13 de junio en el Periódico Oficial del Estado.
La CNDH determinó que la nueva ley de la BUAP se contrapone con la Constitución Política de México. Esto al considerar que “transgrede los derechos de igualdad y no discriminación”.
Dicha inconsistencia se encuentra dentro del artículo 18, fracción XI. En la que se establece como requisito para ser rector no haber sido condenado por algún delito doloso.
Esto al considerar que se excluye de forma injustificada a quienes ya han sido sancionadas por la comisión de un delito, si ya cumplieron con la pena impuesta.
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Además de que la conducta ilícita cometida “no guarda relación estrecha con las atribuciones a desempeñar”. Por lo que toda persona tiene la posibilidad de ocupar empleos públicos en igualdad de circunstancias.
Piedra Ibarra ejemplificó la violación a los derechos humanos, al considerar que mujeres que abortaron y fueron enjuiciadas, no podrían participar en la convocatoria.
De ahí que esta Institución Autónoma considere que no es constitucionalmente válido que, por regla general, se impida el acceso al desempeño del servicio público a las personas que han sido sancionadas por la comisión de delitos dolosos, una vez que ya cumplieron con ésta”.
Por ello, recomendó a la rectora Lilia Cedillo Ramírez, establecer las conductas ilícitas que se encuentran estrechamente vinculadas con el desempeño de rector.
La impugnación fue presentada el pasado 13 de julio; mientras que el Congreso de Puebla fue notificado la mañana de este 31 de julio.
Diputados piden revisar acción de inconstitucionalidad
El presidente del Congreso, Eduardo Castillo, señaló que es respetuoso de las instituciones por lo que se verificará la acción promovida desde la CNDH.
Mientras que, la diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, señaló que la SCJN invalidó la solicitud de antecedentes no penales para ocupar un cargo público. Lo que fue considerado discriminatorio por las autoridades.
Sin embargo, descartó que se trate de un error del Congreso por legislar “al vapor” las reformas presentadas desde el ejecutivo.
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