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La directora y activista del Centro de Capacitación, Formación e Iniciativa Social (Cafis), Natalia Hernández Arias se manifestó a favor de que reciban un castigo los funcionarios públicos que entorpezcan la investigación de un feminicidio, o que muestren conductas de violencia institucional.

En entrevista para CETRAL, la activista expresó que apoya la propuesta de la diputada local del PT, Mónica Silva, de reformar el Código Civil para sancionar con cárcel, destitución, inhabilitación o multas a los burócratas que no muestren respeto a los familiares de víctimas de feminicidio o de cualquier mujer que sufra de violencia.

Para Natalia Hernández la propuesta de reforma al Código Penal es importante porque el personal de las dependencias gubernamentales ejerce violencia institucional en contra de las víctimas sin que tenga una consecuencia.

 Las instituciones están conformadas por personas. Estas personas tienen que asumir su responsabilidad como funcionario público de impartir justicia con perspectiva de género y con pleno respeto a los derechos de las víctimas”, señaló la directora de Cafis.

Sin embargo, la activista explicó que aunque existe una Ley de Acceso a las Mujeres para una vida Libre de Violencia y se invierten recursos para la capacitación de funcionarios públicos, aún no se logra cambiar “el chip” del funcionario público.

Se invierte muchos recursos en capacitación, pero no se evalúa el impacto de estas capacitaciones para conocer su nivel de efectividad”, explicó Natalia Hernández.

En relación a los 10 años de cárcel que propone la iniciativa de ley de la diputada del PT para los funcionarios que ejerzan violencia institucional u obstaculicen alguna investigación de feminicidio, la defensora de los derechos humanos declaró que es una medida importante porque genera un mecanismo de sanción para quienes violan los derechos de las víctimas.

Sabemos que muchas veces los centros penitenciarios están plagados de personas que también no tuvieron acceso a la defensa adecuada o recursos para acceder a la justicia. Eso es un problema estructural en Puebla, y en muchos centros penitenciarios, pero no es el único mecanismo de sanción porque la propuesta de la diputada Mónica Silva también incluye mecanismos de sanción para quienes incumplan con los derechos de las víctimas”, enfatizó la directora de Cafis.

Además, la activista señaló que, a parte de los órganos punitivos, también se deben ofrecer medidas de reparación del daño y una justicia restaurativa para las víctimas de un feminicidio como ocurrió con la mamá de Aracely Vázquez Barranco, (estudiante de la BUAP que encontraron sin vida en su domicilio, el 13 de noviembre del 2013), quien interpusó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla, por el trato indigno que recibieron de las autoridades.

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Castigo para funcionarios por entorpecer la investigación de un feminicidio

El pasado 20 de julio, la diputada Mónica Silva, propuso una reforma al artículo 338 Bis del Código Penal, para sancionar con una pena de tres a ocho años de prisión a los funcionarios públicos que entorpezcan la investigación de un feminicidio.

La iniciativa de ley también contempla la inhabilitación el funcionario público y una multa de 48 mil 110 a mil 330 pesos. En estos momentos, la propuesta de ley se analiza en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su posible discusión en el pleno de la Congreso local.

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