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Antes de ser asesinado, el periodista Fredid Román escribió sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, un caso que en septiembre próximo cumplirá ocho años.

En la última entrega de su columna “La realidad escrita”, cuestionó la exoneración pública del Presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el exmandatario, Enrique Peña Nieto, y quien fuera su secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.

Sin embargo, en su texto hizo una alusión directa al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a quien culpó de haber sido omiso al no destituir a algunos de sus colaboradores.

Fredid Román describió el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 como un crimen de estado.

Puntualizó que una de las evidencias de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa para concluir que fue un crimen de Estado radica en el testimonio de un testigo protegido, quien habría revelado una supuesta reunión en Iguala encabezada por Jesús Murillo Karam –hoy detenido– y Tomás Zerón de Lucio –prófugo en Israel–, en la cual estuvieron presentes el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero y Omar García Harfuch, quien se desempeñaba como jefe de la Policía Federal en esa zona.

Sobre este cónclave hay dos verdades que echarían por tierra la construcción de la ‘Verdad histórica’ que según se diseñó en esa reunión: Primero, el testigo protegido, según testimonios, no estuvo presente en esa reunión y segundo, dos actores Ángel y Omar, han desmentido su asistencia”.

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Y quizá tengan razón, pues la ‘Verdad histórica’ se fraguó allá en la ciudad de México. En Iguala se empezó a aplicar como resultado de las investigaciones previas”.

Fredid Román recordó que la extinta Procuraduría General de la República, a cargo de Murillo Karam, detuvo a casi 80 personas supuestamente ligadas al grupo delictivo “Guerreros Unidos”, a quienes se adjudicaba la desaparición de los 43 normalistas.

De ellas, más de la mitad han sido puestos en libertad por presuntos actos de tortura cometidos durante sus detenciones y forzarlos en sus declaraciones.

Nadie ha filtrado los nombres de los 5 funcionarios administrativos del gobierno de Guerrero, pero la sospecha pública apunta hacia el ex gobernador, cuya responsabilidad, si es que la hay, sería la de omisión en no aplicar sus facultades constitucionales de destituir a algunos de sus colaboradores ante algunas omisiones en la investigación.

Aguirre Rivero, manifestó su voluntad de comparecer ante la autoridad que lo requiera, lo mismo Omar García Harfurch. Los dos ya negaron su participación en la construcción de la ‘Verdad histórica’”, precisó Fredid Román sobre el caso Ayotzinapa.

Jesús Murillo Karam fue detenido por los supuestos delitos de desaparición forzada, tortura y obstaculización de la justicia en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

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