En cuatro años se han denunciado 157 casos relacionados con la trata de personas en Puebla. Sin embargo, solo en lo que va del 2023 se han presentado 40 carpetas de investigación.
Así lo mencionó el Fiscal General del estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, reconoció que se están tomando medidas importantes para atender este tipo de delitos en el estado de Puebla.
Ademas, detalló que son 10 municipios los que concentran el mayor número de denuncias por la trata de personas. Entre ellos la capital poblana, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, San Martín Texmelucan. Así como Tepeaca, Huauchinango, San Pedro Cholula y Amozoc.
También, explicó que en el 2019 se iniciaron 17 carpetas de investigación. En 2020 disminuyó el número de denuncias a 13.
Pero para el 2021 aumentó considerablemente la cifra pasando a 49 carpetas. En el 2022 fueron 38 casos los reportados. En siete meses de este 2023 se han generado 40 carpetas de investigación por la trata de personas.
Protocolo Alba
En ese sentido recordó que desde el mes de julio ya está en marcha el denominado Protocolo Alba. Este, funciona para la búsqueda inmediata y localización de mujeres, adolescentes y niñas en las primeras 24 horas después de reportarse la desaparición.
En el acuerdo P/001/2023 Protocolo Alba, se establecen las bases para la realización de acciones de coordinación interinstitucional de la Fiscalía con autoridades.
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Esto, incluye a todas las dependencias del ámbito municipal, estatal y federal, para intensificar la búsqueda inmediata y localización de las desaparecidas. Así como para la investigación de hechos con apariencia de delito relacionados con la desaparición.
Se destaca que “por regla general” se activará la alerta Alba en todos los casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes.
Pero en aquellos casos donde pudieran encontrarse en una situación de riesgo. O que éste se incremente con la activación, se tendrá una pre-alerta de carácter urgente e interno.
Fases del protocolo Alba
Asimismo, refiere que las acciones de investigación se basan en tres fases. La primera es la búsqueda inmediata con el despliegue urgente de las labores a localizar. De ser necesario, brindar auxilio a las personas que lo requieran.
Tiene una duración de 24 horas contadas a partir de que el Ministerio Público inicie la investigación de los hechos relacionados. Con la finalidad de lograr encontrar a la posible víctima en el menor tiempo posible e investigar el posible hecho delictuoso y responsabilidad de quienes lo hubieren cometido.
La fase dos señala que, si transcurre dicho tiempo sin un resultado positivo, la Fiscalía Especializada en esta materia iniciará nuevas acciones de coordinación. Esto tomando en consideración los informes policiales y del Ministerio Público.
Además de que valorará si se cuenta con elementos para presumir que los hechos pudieran ser constitutivos de algún delito. Y se iniciará la carpeta de investigación de forma inmediata, esto en un lapso de 24 a 72 horas.
La tercera fase es la de seguimiento. Se iniciará al cumplirse tres días después de la desaparición o si el Ministerio Público tiene información suficiente de la posible comisión de un delito. Y sin necesidad de que tengan que haber transcurrido este tiempo.
Por ello, se iniciará una carpeta de investigación por el delito de desaparición de personas. Al mismo tiempo, se coordinarán las acciones de las otras dos fases de forma simultánea.
Como parte de las diligencias realizadas se llamará a comparecer a testigos. Incluso, autoridades que hayan intervenido en la búsqueda de las personas desaparecidas durante las primeras fases.
Además, contempla la participación de la Célula de Búsqueda de Personas del municipio que corresponda. Con el fin de que se trasladen y proporcionen acompañamiento a quién reporte la desaparición y fortalezcan la búsqueda.
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