Tras obtener un amparo, liberaron del penal de Cancún, Quintana Roo al exjefe de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán. Desde agosto de 2023, el exfuncionario estaba preso por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
La noche del martes 6 de agosto, el Poder Judicial federal ordenó el cambio de medidas cautelares. Por lo que podrá continuar con el proceso en libertad, según fuentes allegadas a su familia.
Durante la madrugada, sostuvo una reunión con su esposa, la exdiputada federal priista Ana Isabel Allende Cano y sus representantes legales, quienes continuarán detallando su defensa.
Hasta antes de su liberación, Adolfo Karam pasó poco más de un año en prisión. Como PÁGINA NEGRA informó, al exjefe de la Policía Ministerial lo detuvieron el jueves 13 de julio del 2023, en Boca del Río, Veracruz.
Marín, Karam y Nacif ordenaron la tortura de Lydia Cacho
El aseguramiento ocurrió alrededor de las 08:42 horas, en la esquina del bulevar Miguel Alemán y la calle Benito Juárez. Karam ya se había establecido en Veracruz. Sin embargo, lo trasladaron a la prisión Cancún, Quintana Roo para continuar el proceso por el que está acusado.
Cabe mencionar que, por el mismo cargo, el 3 de febrero de 2021 detuvieron al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, quien también está preso.
El 11 de abril del 2019 inició la búsqueda de Mario Marín Torres, Adolfo Karam Beltrán y Kamel Nacif Borge.
Marín, Nacif y Karam forman parte de una lista de 11 funcionarios y otros personajes públicos que participaron en un complot para detener, torturar e ingresar al penal de Puebla a la periodista Lydia Cacho.
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Esto lo realizaron como castigo por mencionar a Kamel Nacif en el libro “Los Demonios del Edén”, como uno de los asistentes a las fiestas del pederasta Jean Succar Kuri en Cancún, Quintana Roo.
El empresario Kamel Nacif y el exgobernador Mario Marín acordaron la detención de Lydia Cacho iniciándole un proceso penal por el delito de difamación y calumnia.
La jueza Rosa Celia Pérez liberó la orden de aprehensión que se ejecutó a través de la Policía Judicial que dirigía Adolfo Karam Beltrán.
El acuerdo quedó exhibido a través de las grabaciones en las que se escucha las llamadas telefónicas entre el gobernador y otros personajes. Las cuales publicó el diario La Jornada el 14 de febrero del 2005.
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