La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, inició un investigación por la agresión sexual que sufrió una niña de origen indígena de 11 años en Huauchinango.
A través de un comunicado, el instituto encabezado por Idamis Pastor Betancourt, indicó que este mismo martes 25 de noviembre inició con las indagatorias.
Esto luego de que CENTRAL expusiera el caso de agresión sexual contra una niña de Huauchinango. Y como la falta de un traductor certificado en la Fiscalía Regional evitó que la menor levantara su denuncia.
La FGE, se comprometió a esclarecer los hechos y a detener al o los probables responsables del delito.
Al mismo tiempo, reconoció que cuando la menor de 11 años acudió a la sede descentralizada no había un perito traductor de la lengua náhuatl.
Lo anterior, a pesar de aceptar que la presencia de este especialista es indispensable para recibir los testimonios de víctimas de delitos y garantizar sus derechos humanos.
De acuerdo con la Fiscalía, después de la denuncia ante el Gobierno de Puebla, pudieron contar con un traductor de náhuatl para la niña de origen indígena. El cual llegó gracias al apoyo de una asociación civil especializada en este idioma.
En el momento en que la menor y sus familiares acudieron a presentar la denuncia, no se contaba de manera inmediata con un perito traductor en lengua náhuatl, indispensable para garantizar una adecuada recepción de su testimonio y el respeto pleno a sus derechos”.
Agresión sexual contra niña indígena destapa falta de traductores de Náhuatl en Fiscalía regional
La agresión sexual contra una niña de 11 años en Huauchinango, evidenció la falta de traductores de Náhuatl en la Fiscalía Regional.
Pese a que este municipio cuenta con población hablante de lenguas indígenas, la institución no garantiza el derecho a denunciar de víctimas de delitos.
El caso, lo denunciaron integrantes del Movimiento Organizado de Mujeres Serranas (MOMS), y solicitaron el apoyo de las autoridades.
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Pues aunque la menor acudió acompañada por sus familiares y las activistas, no pudo ser atendida por falta de un traductor certificado.
Al ser del conocimiento del gobernador Alejandro Armenta Mier, éste instruyó le brindaran la atención necesaria a la víctima.
Mientras que, al Instituto Poblano de Pueblos Indígenas, la contratación de abogados indígenas para dar atención a los hablantes de lenguas madre.
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