Guillermo A., exsecretario de Movilidad y Transporte del gobierno de Miguel Barbosa Huerta en Puebla, fue vinculado a proceso por un juez de control de la capital de Puebla por el delito de ejercicio indebido de funciones.
La audiencia se realizó este domingo 6 de marzo ante el juez de control y el exfuncionario de Movilidad y Transporte se mantendrá en prisión preventiva cautelar.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se realizó la audiencia y que fueron elementos del área especializada en Combate a la Corrupción quienes consiguieron la vinculación a proceso contra el ex secretario.
Los señalamientos contra el exsecretario de Transporte
La Fiscalía estableció que el exfuncionario estatal suscribió un convenio sin previo acuerdo.
Aunque las versiones extraoficiales señalan que el exsecretario de Movilidad y Transporte, Guillermo A. es investigado por operar el programa de monitoreo de las unidades del transporte público en tiempo real con 21 empresas de las cuales 13 eran fantasma y, presuntamente, estaban vinculadas a uno de sus hijos.
Por esa razón, nunca funcionaron los botones de pánico ni las videocámaras instaladas en las unidades de transporte, reveló la actual titular de la dependencia, Elsa Bracamonte González.
En la entrevista, Bracamonte reveló el negocio de Aréchiga en la dependencia, la incursión de la delincuencia organizada para operar distintas concesiones y hasta taxis piratas, así como la implementación de una nueva plataforma para prevenir los asaltos a las unidades.
Desaparecen 16 mdp por concepto de multas
Este 7 de marzo, CENTRAL dio a conocer que Guillermo A., y Yassir V., desaparecieron más de 16 millones de pesos correspondientes al cobro de multas de taxis piratas y operativos del transporte público, cuando ambos eran secretario y subsecretario de Movilidad y Transporte, respectivamente.
Por medio de operativos en contra unidades del transporte y taxis piratas de distintos municipios del estado, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la SMT interpuso 400 infracciones, de las que no existe garantía sobre su pago.
Las fuentes consultadas informaron que cada multa tenía un valor que rondaba en los 40 mil pesos, al ser 400 las infracciones emitidas, el daño patrimonial podría ascender a los 16 millones de pesos.
En los operativos, la Dirección de Inspección y Vigilancia, a cargo de Eduardo Vergara López, retiraba la placa o el vehículo a las personas que eran sorprendidas con una unidad pirata a manera de garantía por el pago de la sanción, que podía llegar hasta los 43 mil 440 pesos.
Sin embargo, en los registros de la secretaría no existen garantías, lo que significa que fueron liberados de manera discrecional.
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