El exgobernador César Duarte Jáquez llegó a la ciudad de Chihuahua, donde las autoridades estatales lo acusan de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada.
Duarte fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social Estatal número 1 de Aquiles Serdán, luego que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua informara sobre una orden de aprehensión en su contra.
Estamos ya solicitando la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia para formularle la imputación por su probable responsabilidad de delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada”, dijo Roberto Javier Fierro Duarte, Fiscal General de Chihuahua, en conferencia de prensa.
Aseguró que la Fiscalía cuenta con todos los datos de prueba suficientes en contra del exgobernador.
Los hechos que se le imputan ocurrieron entre los años 2011 a 2014, periodo en el que presuntamente desvío una cuantiosa cantidad de dinero mediante operaciones celebradas entre el Gobierno del estado de Chihuahua con empresas en los que él fue fundador”, explicó.
Finalmente mencionó que César Duarte recibirá un trato apegado a los derechos humanos en Chihuahua.
Estados Unidos extraditó este jueves a México a César Duarte, acusado de diversos cargos de corrupción y de haber malversado millones de dólares de fondos público.
Duarte gobernó Chihuahua, estado vecino de Texas, de 2010 a 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al acabar su mandato, se trasladó a vivir a Estados Unidos y fue detenido en Miami en 2020 gracias a una orden de captura con fines de extradición emitida un año antes. Se le acusa de los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada.
El exmandatario quedará en custodia de la fiscalía del estado norteño, que es la que se encarga de ese proceso legal.
Duarte habría desviado recursos por 96 mdp
Según la acusación, Duarte, en colaboración con otros funcionarios y con personas ajenas a la función pública, “logró efectuar acciones que resultaron en el desvío de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos (unos 4.8 millones de dólares) extraídos entre los años 2011 y 2014″, indicó el Gobierno mexicano el jueves. Se estima que hay más de 40 exfuncionarios involucrados.
La Fiscalía estadounidense que estudió el caso en Miami, donde Duarte permaneció detenido casi dos años, focalizó su atención en una serie de testigos reservados que trabajaban en el gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito.
Su sucesor al frente del gobierno estatal, Javier Corral Jurado, del Partido de Acción Nacional (PAN), aseguró que Duarte dejó tras de sí una “amplia red de corrupción” y una deuda estatal de más de 2.000 millones de dólares.
En paralelo a esos delitos, que son del ámbito estatal, existen investigaciones que apuntan a que desvió dinero público para la campaña electoral de 2016 del PRI, el partido del expresidente Enrique Peña Nieto, un delito que debe perseguirse en el fuero federal.
La actual Gobernadora, María Eugenia Campos, también del PAN y en el poder desde 2021, en un video divulgado en sus redes sociales garantizó que en su gobierno “no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores” y se mostró dispuesta a colaborar con la fiscalía federal si decide atraer el caso. “En Chihuahua estamos listos para que se dé continuidad a las investigaciones y se lleven a cabo los procesos de ésta y de todas las denuncias pendientes”, dijo Campos.
La Fiscalía General de la República no ha hecho ningún pronunciamiento que indique que vaya a encargarse del proceso. Duarte es uno de varios exgobernadores del PRI que huyeron del México luego de ser acusados de corrupción.
―Con información de Sin Embargo
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