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Gerardo Pérez Muñoz

De mensajes intimidatorios, imposición de proyectos y criminalización de la protesta

Es terrorífico que tengamos que luchar contra nuestros gobiernos para salvar el medio ambiente.

Ansel Adams.

En días pasados, el abogado Arturo Mendoza, integrante del Colectivo Hermanos Serdán, le mandaron un mensaje vía whats de un número no identificado, le escribieron lo siguiente ¡Qué onda!, ¿por qué tantos traspiés con el tema? Ya vas a aceptar la ayuda o ¿sigues creyendo que con los otros amparos vas a conseguir algo? A lo que Arturo respondió por la misma vía:

No sé quién seas, pero como no te identificas, te pediré… dejes de molestar. 

El sujeto ¿anónimo? le respondió: Solo toma la mano de amigos, te estamos ofreciendo ayuda, ya que estamos siguiendo el tema y tus actuaciones. Cuando gustes nos sentamos, con tus otros amigos ya lo hicimos antes. Seguiremos pendientes. Hasta aquí la conversación vía whats entre Arturo y el susodicho sujeto anónimo. Arturo ha interpuesto algunos amparos en contra de la instalación del cablebús, tanto a nombre del Colectivo Hermanos Serdán y en particular, con el apoyo de varios vecinos de la ciudad de Puebla.

¿Mera coincidencia?

La amenaza e intimidación se da después de que Arturo, a nombre del Colectivo y vecinos de varias colonias, presentaron una ampliación de demanda de amparo contra del gobierno estatal y del Congreso del Estado por su omisión de legislar en materia de participación ciudadana e igualmente contra las irregularidades cometidas por la Secretaría de Infraestructura del Estado; pero también contra el Ayuntamiento de Puebla por la instalación del Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda, pues consideran que es contrario a la Constitución, al no ser un verdadero mecanismo de participación ciudadana.

La anterior intimidación y amenaza velada envuelta en buenas maneras, no tendría nada de raro, si no fuera porque Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayores agresiones contra defensores ambientales y el territorio, como bien lo ha señalado el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y tenemos un alto índice de impunidad en este ámbito, calculado en poco más del 93 por ciento.

En marzo pasado, José Luis García Parra, coordinador del Gabinete, declaró que detrás de la campaña en redes sociales de rechazo al cablebús, está la oposición al gobierno de Puebla y a Morena (La Jornada de Oriente, 30 de marzo de 2026), sin dar elementos claros de su dicho de que partido o partidos están detrás del movimiento contra el cablebús. Este argumento ha sido reiteradamente mencionado por parte de los gobiernos de todos los colores, antidemocráticos, autoritarios y paternalistas que hemos padecido en Puebla. Es igualmente un argumento ofensivo para las y los integrantes -en su mayoría jóvenes- que están contra dicho proyecto gubernamental, a los que considera menores de edad y que no pueden tomar ellos mismos sus decisiones. Y para no quedarse atrás, la secretaria de Movilidad y Transporte del estado, Silvia Tanús, declaró que los grupos que se oponen son malintencionados, ya que están mintiendo con la narrativa de un ecocidio. (grupos malintencionados están en contra del cablebús). Hasta ahora y que yo tenga conocimiento, la secretaria no ha dado a conocer a que grupos malintencionados se refería y mucho menos presentó sus propios estudios e investigaciones para echar abajo la narrativa ecocida de esos grupos, según su declaración.

Lo anterior se enmarca en una campaña muy bien orquestada de desprestigio en contra del movimiento en general y en especial contra el especialista en movilidad y seguridad vial, Armando Pliego Ishikawa, de la arquitecta y urbanista, Assenet Lavalle Arenas, voz crítica contra la forma de implementación del proyecto del Cablebús y también en contra de José Luis Escalera a quien quisieron descalificar por su militancia panista a la que ahora se suma Arturo Mendoza. Es obvio que nada de esto les ha dado resultado.

Recientemente, el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) dio a conocer que la Secretaría de Infraestructura del Estado…reservó por cinco años la información sobre el estudio de preinversión y costo-beneficio del proyecto del cablebús. (Revista Proceso, 9 de junio de 2026). Tanto el gobierno del Estado, como el gobierno municipal, no han dado a conocer el Estudio de Impacto Ambiental y están violando nuestro derecho a la información, el de consulta y a un medio ambiente sano.

A finales de mayo, el Nodo de Derechos Humanos denunció a Blanca Alicia Lugo Pérez, jueza Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el estado, por presuntas anomalías procesales y parcialidad en los juicios promovidos contra la obra impulsada por el gobierno estatal. Asimismo, señalaron que Lugo Pérez ha mostrado durante el juicio un actuar que parece reforzar las versiones, posturas y argumentos del gobierno del estado… Y remataron su boletín con lo siguiente, que me parece central: denunciaron una supuesta similitud argumentativa de 94.75 por ciento entre un informe del Gobierno de Puebla y una resolución emitida por un Tribunal Colegiado relacionada con el caso.

El texto fue suscrito por vecinos y usuarios del Parque Ecológico, Cerro de Amalucan y Parque Juárez. Para consultar el boletín, aquí les dejo la liga: Agencia Quadratín, (http://puebla, quadratin.com.mx/política/acusan-parcialidad-de-juez-en-amparos: contra-el-cablebus/).

A este clima de intimidación y criminalización de la protesta social, se suma el proceso de criminalización en contra de los compañeros Pascual Bermúdez Chantes y Renato Romero, por su férrea defensa del agua y el territorio, quienes están citados el próximo lunes 22 del presente mes a las 10 de la mañana, en las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en Puebla.

En este marco de autoritarismo y antidemocracia del gobierno de Alejandro Armenta Mier, no quiero dejar de lado la situación de la prensa y los periodistas en Puebla. De acuerdo a la organización Artículo 19, Puebla es el segundo estado con más agresiones documentadas a periodistas con 39 agresiones en contra de la prensa en 2025.

En relación con el cablebús, el gobierno del estado está violando los siguientes principios enunciados en el artículo 3ero del Acuerdo de Escazú (de transparencia y principio de rendición de cuentas; progresividad, Principios preventivo y precautorio; Principio de equidad intergeneracional; Principio de máxima publicidad; Principio pro persona.) Artículo 4to. Derecho a un medio ambiente sano. Derecho a la información, artículos 5to y 6to. A implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones, ambientales Art. 7mo.), a la justicia ambiental (art. 8vo.) y 9no.: (garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad) del Acuerdo de Escazú. De tal suerte que esta lucha no ha concluido.

¿Qué hay de fondo por la prisa que tiene el gobierno de imponer dicho proyecto? Bien decía López Obrador que lo que no suena lógico, suena a metálico.

Hasta la ignominia siempre

¿Para que necesitamos un ayuntamiento municipal, con todos sus regidores y burocracia, si se han convertido, al igual que las y los diputados salvo excepciones, en meras correas de transmisión del gobernador en turno? Como quedó demostrado el día de ayer con los regidores que conforman el cabildo de la ciudad de Puebla para desincorporar cuatro predios para la imposición del cablebús, sin importarles la opinión de las y los ciudadanos.

Es importante que los diferentes colectivos establezcan protocolos de cuidados entre sus integrantes y puedan denunciar, ya sea una amenaza o agresión lo más pronto posible, bajo la consigna de que, si tocan a uno/una, tocan a todos.

Ayer fueron Armando Pliego Ishikawa, Assenet Lavalle Arenas, José Luis Escalera y Arturo Mendoza y mañana ¿quién seguirá? Igualmente, considero que sería importante que establecieran contacto y lazos de solidaridad con las distintas luchas que se están llevando en nuestro estado.

PD: A) El gobierno federal, ¿también investigará quién paga los autobuses y los lunch en cada movilización que realiza Morena? B) ¿El gobierno federal investigará de dónde está saliendo el recurso para las precampañas de las y los precandidatos de Morena?

¡No hay victorias sin luchas!  

Los cuatro predios a desincorporar y sus áreas verdes

De mensajes intimidatorios, imposición de proyectos y criminalización de la protesta
Croquis. Creditos: Especial

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Gerardo Pérez Muñoz

Militante de izquierda desde 1973. Ex Jefe de la Unidad Regional Puebla de Culturas Populares. Director fundador de “Colibrí”: Publicación en Lenguas Originarias y “Alebrije”: Arte, Historia,...