Luz Raquel Padilla fue brutalmente asesinada en Jalisco la semana pasada. En repetidas ocasiones y a través de sus redes sociales, ella denunció públicamente que estaba siendo víctima de distintos tipos de violencia por parte de un hombre que identificó como su vecino. Ella compartió fotografías de pintas realizadas fuera de su casa donde su agresor le decía que la iba a quemar viva, amenaza que al final cumplió.
Luz Raquel compartió que había solicitado medidas de protección a las autoridades locales, que había ido a solicitar incorporarse al programa “pulso de vida”, un botón de emergencia para monitorear a mujeres víctimas de violencia luego de que su agresor le rociara cloro industrial en un seno, sin embargo las autoridades estimaron que esa agresión no era “tan grave” y no la incorporaron al programa.
Finalmente luego de 3 días de agonía, y debido al daño que le provocaron las severas quemaduras en el 90% de su cuerpo, Luz Raquel falleció dejando huérfano a su pequeño hijo con autismo.
¿Por qué este caso ha causado tanta indignación? Por la incompetencia, la negligencia, y la violencia institucional de la que fue víctima.
Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias, las autoridades son responsables de garantizarnos ese derecho, si una mujer es víctima de violencia, está en su derecho de solicitar medidas de protección ante las autoridades competentes para garantizar y salvaguardar su vida y su integridad, sin embargo, lograrlo, parecería una utopía en México, pues el caso de Luz Raquel nos demostró que la voluntad de las autoridades para atender los casos de violencia contra las mujeres, se quedan en el discurso, en los moñitos y las manitas pintadas de naranja cada día 25 del mes, pero de acciones, presupuestos y atención, nada. Porque aunque la víctima vaya con pruebas, con signos de violencia y hasta con cloro industrial en el cuerpo, la autoridad puede subestimar su denuncia y su exigencia.
El caso de Luz Raquel, así como el caso de Cecilia Monzón, de Debanhi Escobar, de Yolanda Martínez y lamentablemente muchos más, han tenido un común denominador, y es la falta de perspectiva de género en el actuar de las autoridades, específicamente de las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados.
De Debanhi la Fiscalía de Nuevo León dijo que se había caído en una cisterna, se había ahogado y se había muerto, luego de 3 peritajes independientes y de la lucha de su padre por saber la verdad, sabemos que Debanhi murió por asfixia y que estuvo viva varios días después de su desaparición, tiempo en el que la Fiscalía no actuó y por el contrario fabricó una mentira en torno a las causas de su feminicidio, a la fecha no sabemos nada de los responsables de su muerte.
De Yolanda la Fiscalía de Nuevo León también dijo que se había ido de su casa, mientras su padre la buscaba incansablemente, el cuerpo de Yolanda fue encontrado en un terreno con huellas de violencia sexual. Dos meses después del hallazgo de su cuerpo, la investigación está detenida, sin autopsia ni avances que permitan a su padre y familia conocer la verdad y dar con el o los feminicidas.
De Cecilia Monzón supimos que solicitó medidas de protección porque temía por su vida, y aunque a diferencia de los otros dos casos, su feminicida ya se encuentra en el penal de máxima seguridad del altiplano porque su caso escaló a niveles internacionales, ¿Qué hubiera pasado si Ceci hubiera tenido vigentes esas medidas de protección?
Las mujeres ya vivimos suficientes violencias en diferentes ámbitos de nuestras vidas, como para todavía tener que sumarle la violencia institucional que ejercen diversas autoridades contra nosotras.
Violencia institucional son todos aquellos actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Si una autoridad no brinda las medidas de protección que solicita la víctima, es violencia institucional, si una autoridad fabrica una mentira para cerrar una investigación sobre feminicidio, es violencia institucional, si una autoridad dilata una investigación, niega información a las familias o subestima una agresión contra una víctima, es violencia institucional.
Las Fiscalías, ministerios públicos y servidores públicos deben ser capacitados con perspectiva de género y de derechos humanos, pero además deben ser vigilados y sancionados. Las Fiscalías involucradas en todos estos casos deben rendir cuentas y ser sancionadas para garantizar la no repetición del daño contra ninguna otra víctima más.
Y a nosotras el mensaje que nos deja es el de seguir cuidándonos y auto cuidándonos entre nosotras porque como dijera la consigna, “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”. Mientras la violencia y el silencio institucional sigan, a quienes el Estado está protegiendo es a los feminicidas y no a las víctimas. ¡Ni Una Más!
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