La polémica concesión de los paraderos, puentes y pendones que pretende otorgar el Ayuntamiento de Puebla por 10 años ha desatado una clara afrenta con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

Llegó a tal nivel que este martes en su conferencia mañanera, el gobernador convocó al consejero Jurídico para que explicara por qué es ilegal sino se solicita la aprobación del Poder Legislativo.

Antes de eso, el presidente Eduardo Rivera había declarado que no necesitaría el aval del Congreso porque se trata de una concesión y no un contrato.

A mí parecer, esa justificación, elucubrada por Michel Chaín, no es tan sólida, ya que será un contrato lo que se firme para otorgar la concesión. Y porque se está afectando el interés colectivo, más allá del periodo de la administración de Eduardo Rivera.

El artículo 57 de la Constitución es muy claro al respecto cuando, en su fracción VII, señala que es facultad del Congreso de Puebla:

“Autorizar la enajenación de bienes inmuebles propios del Estado o de los Municipios, a solicitud de éstos, así como aprobar los contratos que celebren los Ayuntamientos, cuando tengan duración mayor del período para el cual hubieren sido electos”.

El tema abarca muchos puntos de análisis.

Primero, el legal, sobre cómo se tendrá que celebrar el contrato de concesión, dejando afuera interpretaciones ventajosas propias del morenovallismo, sobre términos y jurisprudencias enredosas.

El segundo, los términos del contrato que el pasado 31 de diciembre concluyó Clear Channel y que, a pesar de eso, sigue explotando los paraderos sin contrato de por medio. Este punto tiene que ver también con qué tan ventajoso puede llegar a ser el contrato.

El tercero es un tema de civilidad política. El gobernador hace una sugerencia, en su conferencia del 28 de marzo, en cuanto al tiempo de esta polémica concesión, y al no ser escuchado, presenta el sustento legal. Además, hace una clara alusión a Michel Chaín, vinculado a Roberto Moya, el artífice de los PPS en la época morenovallista.

Todo esto es bastante enredado, pero aquí les explicaré punto por punto.  

¿Es legal la polémica concesión a 10 años?

El Gobierno del estado y el Congreso local, a través de Sergio Salomón, sustentaron en la Constitución la necesidad de que el Ayuntamiento de Puebla pida autorización para hacer una concesión más allá del periodo de la administración de Eduardo Rivera.

El alcalde de Puebla argumenta que se trata de una concesión y no de un contrato.

Se ha convertido en una pelea de criterios jurídicos que podría incluso ir a parar a la Corte, para que sea la SCJN la que resuelva quién tiene la razón.

Más que si se trata de un contrato o una concesión, el Ayuntamiento de Puebla buscará remitirse a la Constitución Federal, que en su artículo 115, Fracción II, inciso B señala:

“Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliariomunicipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento”.

Esto sobre las facultades que tiene  cada Ayuntamiento para manejar su patrimonio. Aunque no es muy clara, buscarán que sirva de argumento.

Porque si nos remitimos a las leyes locales, la Constitución y la Ley Orgánica Municipal, pues sí necesita el aval de los diputados locales.

Otro tema que debe ser tomado en cuenta es que en la licitación no se establece que será el “Comité Plural” el que otorgue el fallo que, dicen, ya está cantado para Clear Channel otra vez.

El último contrato de Clear Channel

Este punto es de suma importancia, porque el contrato de Clear Channel terminó el 31 de diciembre, y hasta este día sigue apareciendo su publicidad en los paraderos.

Llevan tres meses gozando de exposición mediática sin contrato ni concesión de por medio. No todos están llenos con su publicidad, pero sí hay varios en donde se encuentra un cartel con el lema: “Anúnciate con nostros, Clear Channel y un teléfono de contacto”.

También hay que señalar que hoy la infraestructura publicitaria en los paraderos ya es parte del patrimonio del Ayuntamiento. Pues, según el contrato, una vez que terminara el periodo de la concesión todo pasaría a manos de la Comuna.

Esto abre una posibilidad más grande, la de que el Ayuntamiento de Puebla termine de una cez por todas con la polémica concesión y, a través de un OPD, opere los espacios publicitarios sin necesidad de un intermediario y menos por una contraprestación de poco más de 2 millones de pesos anuales.

Lo político

En términos políticos, el gobernador de Puebla hizo una sugerencia al gobierno de Eduardo Rivera para que reconsiderara el tiempo de la concesión. Misma que, hasta ahora no ha sido tomada en cuenta.

También hubo una clara alusión al trabajo del morenovallista Michel Chaín. El gobernador sabe quién está detrás de estas interpretaciones de la ley  que son las mismas que se hicieron en sexenios anteriores y que hoy tienen a Puebla amarrada con compromisos millonarios por los famosos PPS.

Tampoco Chaín es, digamos, muy brillante. Tan solo basta revisar su último “gran proyecto”, cuando, como titular de Desarrollo Económico, hizo el Mercado de Pescados y Mariscos, que fue un rotundo fracaso.

En ese entonces, el hoy funcionario dejó claro que sus prioridades están en lo económico y no en el beneficio social.

Para terminar…

Eduardo Rivera podría modificar los términos en los que planea explotar los espacios publicitarios para que no fuera tan, digamos poco conveniente para el Ayuntamiento, como sí lo supo hacer para el tema de los parquímetros.