El 9 de febrero del 2020, la poblana Ingrid Escamilla fue víctima de feminicidio. Su pareja Erick Francisco N. la mató, mutiló y desolló en su casa en la colonia Vallejo de la Ciudad de México.

Las imágenes de su muerte, las más terribles que se han visto, sirvieron para alimentar el morbo de miles que las divulgaron por internet. En su momento se dijo que Ingrid no merecía ser recordada como su asesino quiso exhibirla.

Incluso se hizo una campaña para que se subieran a internet fotos o ilustraciones de Ingrid Escamilla y así, intentar borrar la huella digital de cómo se veía como víctima de feminicidio.

Las fotos de la joven fueron portadas del periódico Metro, de Grupo Reforma, y de La Prensa. Días después mujeres se manifestaron en las redacciones por la forma en la que el caso fue tratado.

Y es que, a pesar de que la Fiscalía tuvo al asesino confeso, que la historia era la de un monstruo que había asesinado sin piedad a su pareja, él nunca fue exhibido como sucedió con su víctima.

De inmediato empezaron las interrogantes sobre quién había filtrado las fotografías. Sin duda, fueron los policías que llegaron a atender el caso. El vinculado a proceso es un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Benjamín Rubén, uno de los primeros que llegó a la escena del crimen.

Hoy, dos años después del caso, la Cámara de Diputados ha aprobado la #LeyIngrid.

Se trata de una reforma al Código Penal para castigar la difusión de información, fotografías y videos relacionados con procesos penales.

Se contempla una pena de 4 a 10 años de prisión y una multa de 100 a 150 UMAS a quien “por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, fotografíe, videograbe, audio grabe, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo o de cualquier material o información relacionada con la investigación penal de una víctima”.

La Ley Ingrid favorece a mujeres y niños, pues si ellos son las víctimas la pena incrementa un 33%.

Así, las filtraciones por parte de elementos de seguridad, policías o personal de las fiscalías quedarán prohibidas, pues muchas veces son ellos quienes las distribuyen en las redes o con la prensa, como pasó en el caso de Ingrid.

¿Se vulnera la libertad de los medios?

No. Siempre por sobre ello está la víctima y su familia, quienes no tienen por qué sufrir por encontrarse las fotos por toda la red.

Y todo por unos cuantos clicks.

La #LeyIngrid está a punto de ser, una vez que sea aprobada por el Senado.

Cito a Olimpia Coral: “Nunca más nuestros cuerpos ni vivos ni muertos para su diversión en redes sociales”.

Ingrid Escamilla vivirá para siempre.