Seguramente ya leyeron montones de columnas con los respectivos análisis sobre la nueva legislación en materia de ciberseguridad en Puebla.
Pero para hablar del tema necesitamos, forzosamente, dejar a un lado el sesgo personal. Si uno asume una postura a favor o en contra de un grupo o partido político o un personaje en específico.
Porque, principalmente, hasta el momento entre todos los puntos a debate sobre la legislación en materia de ciberseguridad en Puebla, alias la Ley contra el Ciberasedio se ha iniciado por reprobarla, principalmente en la arena de las redes sociales, sin atender qué puede ser positivo después de todo el episodio que vivimos la semana pasada.
Se han comentado las obviedades del vacío legal, se ha polarizado hasta el hartazgo en la red social X, principalmente desde cuentas anónimas, bots y usuarios con argumentos altamente corrosivos.
Pero vamos por puntos:
Antes que asumir que el tema se tiene que quedar únicamente en terreno estatal es necesario comprender que estamos en el limbo de la legislación sobre estos temas, incluso desde niveles federales.
Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto se hizo la última propuesta a la Ley de Seguridad Nacional y por ende un montón de sus derivados en leyes accesorias o subyacentes se quedaron en el tintero. Entre ellos la principal preocupación, el tema de la Ciberseguridad en todos los niveles: en la telemetría o el uso personal que hacemos del ciberespacio a través de dispositivos y con preocupación fundamental para el usuario; en el nivel de seguridad de estado que ha tenido ya sus propios descalabros como el caso Guacamaya Leaks que tampoco hizo reaccionar a los responsables para generar mayores candados en información de primordial importancia para el país y finalmente en el tema internacional que, como hemos visto recientemente, las guerras entre países también ya se aplican en terrenos virtuales con el ataque a instalaciones primordiales para el movimiento de la nación. Y qué creen, México es el paraíso de los hackers ya que existe falta de protección en todos sentidos,
Por eso sí es urgente que haya legislación sobre el tema.
¿Qué podría calcularse mejor? Pues quizá que desde el ámbito estatal con apoyo y coordinación con la representación federal de los poblanos en San Lázaro se hiciera una propuesta sobre el tema que urge, como tantas cosas que se mantienen en la congeladora. Pero sería un logro que, por ejemplo, legisladores federales poblanos fueran punta de lanza al observar y aprender de lo que pasó con el caso de Puebla.
Por otro lado, la iniciativa generó enojo en redes sociales, pero principalmente en X, antes Twitter.
Existe un reducido universo que representaría los directamente afectados en esta red social. Así es: los bots, personajes anónimos y principalmente los grupos políticos que echan a andar maquinarias a favor y en contra de un personaje u otro, que cuelan temas y generan calor de ciertas conversaciones.
Pero, vamos, hay un universo de 16.9 millones de usuarios en X, solamente en México según la última estimación de esta red social. Si hacemos un estimado promedio, dividiendo entre los estados de la República serían más de 528 mil usuarios los que corresponden a Puebla.
De esos usuarios, ni a nivel nacional ni a nivel estatal hay forma de definir cuáles son bots o cuáles son usuarios reales, cuáles son realmente sus domicilios y si en lo estatal puede confirmarse que se tratan de ciudadanos establecidos en este terreno geográfico.
Pero la plataforma sí puede restringir contenido por cierto manejo de violencia en el lenguaje sí incomoda en específico a un usuario.
Aquí hay que aclarar también que con la ida y venida de Elon Musk en la red social se modificaron y polarizaron aún más sus contenidos.
Lo dicho claramente por diputadas locales como Nay Salvatori o Graciela Palomares, El asunto no es el riesgo de los contenidos, si no la repetición y desgaste que ha generado contra algunas figuras políticas en específico. Cosa que, casualmente, se exacerbó en la última legislatura. Ocurre en X, ocurre en TikTok, en Facebook, en todos lados.
La situación en Puebla tras la aprobación de la legislatura provocó que el tema se volviera ya una conversación nacional. Sobre todo, porque grupos especialistas en la materia, como Artículo 19, mantienen una mirada crítica a este tipo de legislación. Y ya llegó a esferas nacionales la crítica desde el viernes pasado.
El movimiento más reciente del gobernador Alejandro Armenta Mier al atajar la crítica con la propuesta para que la ley se revise en foros parece que lo blinda de momento.
Porque, en general, la medida antes de ser tomada como un punto a favor de la seguridad del usuario de redes en Puebla, se le impuso un sesgo al ser propuesta original de José Luis García Parra, hoy coordinador de asesores del gobernador Alejandro Armenta.
Este primer sesgo resultó muy jugoso para todos aquellos detrás de la guerra digital y mediática contra el gobernador de Puebla.
Por lo que sabemos y se puede analizar por los metadatos de muchos de los usuarios –sobre todo en X–, interesados en subir el tono de la conversación, la guerra viene principalmente de opositores a Morena, pero también de personajes contrarios al grupo político nacional del que es parte el gobernador poblano.
Así que no dude que en la semana que inicia haya espacios nacionales –más allá de Latinus que será el eterno contreras de la 4T– endosando la modificación a la ley a Alejandro Armenta. Entre ellos varios medios aliados al gobierno federal.
El riesgo a ese nivel es que se repita la dosis que ya dieron algunos medios nacionales cuando ocurrió el tema de Grupo Proyecta y la donación de predios en Lomas de Angelópolis.
Quizá, como pasó con otras polémicas propuestas recientes de legislación, a la par que se generen modificaciones a la ley con temas de redes sociales, es urgente derogar o revisar la figura de daño moral que dejó Rafael Moreno Valle Rosas.
Es curioso porque, ahora todos los opinadores, políticos y otros alineados a Acción Nacional en la crítica a la Ley de Ciberseguridad se han olvidado de que Rafael Moreno Valle dejó esa versión de los delitos de honor que también nos mantiene a la deriva de la interpretación de la ley pues a los comunicadores nos pueden denunciar así publiquemos investigaciones bien probadas y justificadas.
En el caso de la legislación de ciberseguridad pareciera que los principales enfocados en potencializar la conversación en negativo y polarizarla son los mismos que se sienten vulnerados al no escribir públicamente en sus redes con su nombre y apellido.
Habrá que estar atentos a quiénes invitan a los foros que se realizarán, qué puntos de vista se escucharán y, sobre todo, cómo se podrá perfeccionar la propuesta de Ley de Ciberseguridad que ya está aprobada. Para los más técnicos en legislación, así como está aprobada y publicada la ley se corre el riesgo que, al ser temas eminentemente federales, la legislación resulte enclenque y rebasada. Pero, al fin estos temas ya se están tocando y, esperemos, a la brevedad el marco legal en México se actualice.
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