Por increíble que parezca, tuvo que ocurrir un caso cruento de abuso sexual a una niña indígena para voltear a ver el problema del acceso a la justicia que no tienen las etnias en Puebla.
Puebla registra una población total de seis millones 583 mil 278 habitantes. Dentro de este universo, 615 mil 622 personas se identifican como parte de una comunidad indígena.
Nahuas, totonacos, mazatecos, popolocas, mixtecos, otomíes y tepehuas no se salvan del silencio estadístico.
Y todos ellos representan casi un 10 por ciento de los poblanos.
Todos ellos no tienen acceso igualitario a la justicia.
Los datos del Censo de Población y Vivienda ofrecen certeza sobre la demografía. Sin embargo, en materia de justicia, la certeza desaparece y da paso a la estimación.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publica anualmente la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). Este instrumento ayuda a aclarar un poco la maldita cifra negra.
El concepto abarca los actos delictivos que la ciudadanía no denuncia y aquellos que, pese a la denuncia, no derivan en una carpeta de investigación.
En Puebla, el promedio general de delitos no denunciados oscila habitualmente por encima del 90 por ciento. Esta tasa aplica para la población general. No obstante, el segmento de 615 mil 622 habitantes indígenas enfrenta variables adicionales que el resto del estado no experimenta. La cifra negra en este sector sugiere una profundidad mayor.
El primer obstáculo radica en el idioma debido a que la mayoría del sistema de justicia opera en castellano.
Aunque la ley garantiza el derecho a un intérprete, la disponibilidad de peritos en lenguas como el náhuatl, totonaco o popoloca en las agencias del Ministerio Público resulta escasa.
Ya lo vimos con el caso de la niña de Pahuatlán. La víctima y su familia, atemorizadas llegaron a la oficina de Casa de Justicia en Huauchinango e intentó narrar el suceso, pero se encontró con una barrera comunicativa y de empatía.
Tuvo que generarse un escándalo mediático que metió en otro predicamento a la Fiscalía General del Estado. Que ya de por sí cuenta con muchos problemas en la tropezada era de Idamis Pastor Betancourt.
En este caso, la denuncia prosperó parcialmente. El colectivo MOMS advirtió recientemente que existe un segundo atacante.
Pero en los casos no mediatizados, el funcionario no comprende, menos resulta empático, y si no hay intérprete, volvemos a un círculo vicioso.
La denuncia no prospera.
Pero, la geografía también juega un rol.
Las agencias del Ministerio Público suelen ubicarse en cabeceras municipales.
Desde el ingreso del nuevo sistema de justicia en 2016, el sistema de Casas de Justicia acopló a las representaciones del Ministerio Público.
Pero, para una persona de una comunidad apartada en la Sierra Norte, la Sierra Nororiental o la Sierra Negra, el traslado implica tiempo y dinero.
Más allá de vencer el miedo a denunciar, el costo de denunciar supera a menudo el beneficio de hacerlo. Ante casos de delitos patrimoniales delitos como el robo o la agresión, la víctima opta por el silencio. Qué podemos decir de los casos de abuso sexual o de violencia familiar. Un paso adelante se ha hecho con la creación de las Casas Carmen Serdán en estos casos.
La desconfianza hacia la autoridad complementa el cuadro. La percepción de impunidad desincentiva el acercamiento a las instituciones. Si el delito no genera una consecuencia para el agresor, el ciudadano pierde el interés en el trámite burocrático.
El subregistro también impide el diseño de políticas públicas.
¿Por qué? Porque el Estado no combate lo que no mide.
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