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A más de 130 días desde la explosión e incendio del pozo de gas Krem-1, operado por Pemex en el municipio de Las Choapas, Veracruz, la emergencia continúa sin control real. Mientras habitantes denuncian afectaciones a la salud, pérdidas económicas y daños al medio ambiente.

El incidente ocurrió el 5 de marzo, cuando el pozo registró una explosión durante trabajos de perforación. 

Desde entonces, organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking aseguran que la fuga de gas permanece activa. Además, informan que las afectaciones a las comunidades y a la biodiversidad se agravan con el paso de los meses.

De acuerdo con los habitantes de la zona, el ruido constante del pozo provoca dificultades para dormir, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y problemas respiratorios. 

También reportan la pérdida de cultivos, árboles frutales, pastizales y la muerte de animales de traspatio y ganado. Lo que impacta directamente sus medios de vida.

En contraste, Pemex sostiene que mantiene labores permanentes para controlar la contingencia. En un comunicado asegura que el monitoreo indica que las concentraciones de contaminantes permanecen dentro de los límites permitidos por la normatividad.

La empresa también informó que continúa con trabajos de infraestructura para lograr el taponamiento definitivo del pozo.

Pozo de PEMEX lleva más de 130 días en fuga e incendio en Las Choapas, Veracruz.

El caso reavivó el debate sobre el fracking o fracturación hidráulica, una técnica utilizada para extraer gas y petróleo mediante la inyección de grandes volúmenes de agua, arena y aditivos químicos a alta presión en formaciones rocosas. 

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Diversos estudios y organizaciones ambientales advierten que esta práctica puede incrementar el consumo de agua y generar residuos contaminantes. Además de elevar el riesgo de fugas de hidrocarburos o emisiones de metano cuando no existen controles adecuados.

La Alianza contra el Fracking sostiene que el caso del pozo Krem-1 evidencia los riesgos asociados a la extracción de hidrocarburos y cuestiona que las evaluaciones de impacto ambiental minimicen los posibles efectos sobre las comunidades. 

Mientras tanto, los pobladores de Las Choapas continúan a la espera de una solución definitiva a una emergencia que ya supera los cuatro meses.

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