Pobladores de San Antonio Alpanocan, Puebla, exigen a la Federación detener el hostigamiento y criminalización en su contra, tras una supuesta irrupción militar para el cierre de zanjas de riego.
Los integrantes de la comunidad indígena del municipio de Tochimilco acusaron que, desde hace más de 20 años, sufren la falta de definición de los límites territoriales entre Morelos y Puebla.
La población enfrenta desabasto de agua, falta de accesibilidad a caminos e invasión de terrenos por parte de los ayuntamientos de Tetela del Volcán y Hueyapan, ambos de Morelos.
Los pobladores han acusado la falta de acción del gobierno de Puebla. Ya que mientras en Morelos se legisla para establecer los límites territoriales, el Congreso poblano lo ha dejado pendiente.
Los cultivos de la región de San Antonio Alpanocan se alimentan de vertientes del río Amatzinac, del cual se han creado zanjas de riego que permiten abastecer a la población.
Sin embargo, desde la expedición de la Ley General de Aguas, se iniciaron operativos para regular el riego en campos de cultivo.
Habitantes de San Antonio Alpanocan exigen respeto a su autonomía y autogobierno
A través de un comunicado, la población de San Antonio Alpanocan acusó una intervención militar en la zona para cerrar zanjas de agua.
En el documento, hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para exigir el cese inmediato del “hostigamiento” que sufre la comunidad por defender el agua.
La población indígena hizo hincapié en que son criminalizados por la Federación y víctimas de “acciones intimidatorias” por parte del gobierno federal y estatal.
De acuerdo con el texto, la madrugada del 20 de diciembre, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Guardia Nacional irrumpieron en el municipio. Estos acompañados de maquinaria pesada, quienes pretendían cerrar las zanjas de agua en la zona limítrofe.
Cerca de 500 pobladores se reunieron y, de forma pacífica, obligaron a las autoridades a retirarse de la zona.
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La defensa del agua y de nuestros límites territoriales no constituye un acto ilegal, sino el ejercicio responsable de derechos colectivos y una obligación histórica con las generaciones presentes y futuras”.
Ante esto, los pobladores de San Antonio Alpanocan exigieron:
- El cese inmediato del hostigamiento, la criminalización y el uso de la fuerza pública.
- Respeto irrestricto a los derechos colectivos como pueblo indígena, así como el fin de toda práctica discriminatoria por parte de autoridades.
- Reactivación inmediata de espacios de diálogo.
- Reconocimiento de la problemática por la falta de delimitación territorial.
Asimismo, exigieron a los tres niveles de gobierno respetar su autonomía y autogobierno como comunidad indígena.
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