La Secretaría de Medio Ambiente municipal de Puebla presentó tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por tala ilegal y derribo de árboles sin permisos correspondientes.
Así lo reveló el titular de la dependencia, Iván Herrera, quien indicó que se encuentran a la espera de que la FGE determine si estos casos pueden judicializarse como delitos ambientales.
Explicó que la vigilancia enfrenta retos operativos, pues frecuentemente el personal llega cuando el daño ya ocurrió y los responsables se retiraron del lugar.
Sin embargo, el funcionario detalló que durante 2025 la dependencia presentó tres denuncias tras detectar casos de tala ilegal y cortes sin autorización.
Precisó que, en la zona sur de la capital, conocida por su importancia ecológica y densidad arbórea, es foco de estas acciones legales de ecocidio. Lo que lleva a reforzar las medidas.
“Tres denuncias penales ante Fiscalía y que le hemos dado seguimiento, y ya serán ellos los que tengan que dar la resolución y poner las medidas correspondientes”.
Iván Herrera señaló que, para evitar sanciones, los ciudadanos deben tramitar su permiso en la Secretaría de Medio Ambiente y recibir asesoría técnica y legal.
Lo anterior, al recordar que toda intervención en el arbolado urbano de la capital requiere los dictámenes correspondientes. Con el fin de conocer las especies adecuadas para la reforestación urbana.
Redes sociales suman 40 reportes por tala ilegal en Puebla capital
Iván Herrera comentó que la transición de quejas a denuncias penales ocurre cuando el daño ambiental por la tala ilegal en Puebla es severo. Y se logra identificar la responsabilidad del acto.
En ese sentido informó que la dependencia recibió cerca de 40 reportes por tala ilegal a individuos arbóreos. Los cuales se detectaron de manera casi exclusiva a través de redes sociales.
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El funcionario municipal señaló que las plataformas digitales son el canal donde la población denuncia con mayor frecuencia el desmoche y el derribo de árboles sin permiso.
Esto permite un mapeo claro de zonas de riesgo y obliga a particulares a plantar árboles, garantizando el balance ambiental en obras legalmente autorizadas.
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