Organizaciones comunitarias de Cuetzalan, Puebla, donde entre neblina cohabitan maseuales, totonacos y mestizos, han ido apropiándose de la generación eléctrica comunitaria con la instalación de unos 100 paneles solares en sus cooperativas.
Aunque no ha estado exento de dificultades como los costos, la falta de normatividad o intensos temporales, contrasta con la dominación de los megaproyectos energéticos de empresas privadas en territorio nacional.
Desde 2012, la Asamblea en Defensa del Territorio de los Pueblos Masewal, Totonaku y Mestizo se ha opuesto a proyectos de minería a cielo abierto, presas, fracking y una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y optó por la autonomía y soberanía energética.
Para el yeknemillis (buen vivir en náhuatl), la energía se construye desde los procesos de organización social y no desde la acción individual, nos hemos imaginado desarrollar tecnologías adecuadas para producir la energía que necesitamos manteniendo nuestra forma de vida campesina indígena”, aseguró Paulina Garrido Bonilla, presidenta de la Unión de Cooperativas Tosepan.
Estas cooperativas tienen un sistema fotovoltaico tanto en sus centros de ahorro o formación como en dos hoteles ecoturísticos. Pero durante la entrada de una tormenta tropical, los paneles de la cooperativa Tosepantomin se averiaron y la reinstalación implicó una costosa inversión.
La presidenta de esta unión de cooperativas participó en el parlamento de la Reforma Eléctrica, donde frente a legisladores cuestionó que la propuesta sólo se enfocó en un debate entre el sector público y el privado, sin integrar al sector comunitario que entiende a la transición energética sin lucro y con respeto a los derechos humanos.
Sandra Rativa Gaona, socióloga integrante de Onergia —una cooperativa que desde 2017 ha capacitado y sumado a las iniciativas de estas organizaciones indígenas y campesinas— dijo que “la escala local debería ser el centro del debate de la política energética y de la transición energética”, un proceso que ha estado bajo escrutinio por las recientes reformas eléctricas y que también se abordó durante la X Cumbre de Líderes de América del Norte celebrada hace unos días en la Ciudad de México.
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Las barreras
En Cuetzalan, un municipio montañoso de 60 mil habitantes, incrustado en la sierra norte poblana, donde la principal actividad es la agricultura y cultivo de café, el 87% carece de algún servicio básico de la vivienda (Coneval, 2020), entre ellos, la electricidad, clave para cocinar o calentarse sin recurrir a la leña, que resulta peligrosa para los pulmones.
Sin embargo, planteó Sandra Rativa de la cooperativa Onergia, en Puebla, el conocer sobre los paneles solares y apostar a invertir en ellos, como en Cuetzalan, ha sido gradual porque no es la necesidad prioritaria de la economía campesina, se requieren más de 20 mil pesos y, además, la red eléctrica de la zona —donde hay neblina y lluvia constante— es de mala calidad por falta de mantenimiento gubernamental y la electricidad suele ser intermitente.
Nosotros instalamos sistemas fotovoltaicos que conectamos a la red eléctrica, produce energía que se inyecta a la red y hay un contador que muestra cuánta energía se genera y cuánta se gasta. Sin embargo, la luz se va mucho en Cuetzalan, y aunque tengas paneles, igual se va”, comentó.
Pero en otras comunidades con menos intermitencias, o incluso en ciudades, hay la misma barrera: la falta de normatividad particularmente para la generación de electricidad a escala comunitaria, vecinal o ciudadana.
En México, la norma está hecha para los grandes, para que la CFE o empresas privadas tengan participación en las cadenas de generación y distribución; no contempla todavía que un grupo de vecinos se organice, ahorre e instale un sistema fotovoltaico para ellos”, dijo Rativa.
Además, dimensionó, no hay suficientes techos para satisfacer la necesidad de electricidad de grandes urbes como el Valle de México, Guadalajara, Monterrey o Tijuana. Pero sería un inicio para una transición energética sostenible.
–Con información de Sin Embargo
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