Durante el primer año de gobierno, cinco secretarías del Ayuntamiento de Puebla concentraron el 60 por ciento de las quejas ciudadanas presentadas ante la Contraloría Municipal.
Así lo informó la titular de la dependencia, Dulce Lilia Rivera Aranda, durante su comparecencia ante regidores como parte de la Glosa del Informe de Gobierno.
En su presentación, la funcionaria argumentó que las quejas se atribuyen a las altas cargas operativas y contacto con ciudadanos de dichas dependencias.
Detalló que la que tiene el mayor número de expedientes de investigación es la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con 438. Seguida de la Secretaría General de Gobierno con 166.
Mientras que la Secretaría de Administradora y Tecnología de la Información (SECATI) se colocó en tercer sitio, con 151 quejas. Mientras que la Industrial de Abastos se posicionó en cuarto lugar, con 91.
Asimismo, la Secretaría de Movilidad e Infraestructura cerró la lista con 81 quejas registradas ante la Contraloría Municipal.
En ese sentido, Rivera Aranda comentó que, para garantizar la atención oportuna y legal de cada caso, la dependencia implementó tres ejes de acción prioritarios.
Dijo que lo más urgente es la reestructura del sistema de gestión de expedientes al no existir una base de datos sólida de las investigaciones.
El segundo eje es la priorización de expedientes según su gravedad, riesgo patrimonial y la fecha de prescripción. Pues explicó que al inicio de la transición no recibió esta información.
Mientras que el tercer eje tuvo que ver con la revisión exhaustiva de expedientes heredados. Pues se encontraron casos que estaban desde el 2019 y expedientes que carecían de firmas.
Derivado de las quejas, Contraloría del Ayuntamiento de Puebla sancionó a seis servidores públicos y dio seguimiento a mil 856 expedientes
Derivado de las quejas, Dulce Lilia Rivera reveló que la Contraloría del Ayuntamiento de Puebla aplicó sanciones a seis servidores públicos. Esto por la comisión de faltas administrativas no graves.
Asimismo, destacó el seguimiento e investigación de mil 856 expedientes, de los que 365 se abrieron en este primer año de la actual administración. Concluyendo el proceso de análisis de 396 determinaciones.
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En el área de investigación, la Contraloría generó y envió 15 informes de presunta responsabilidad administrativa a la autoridad competente para su substanciación.
A su vez, se activaron diligencias en 22 expedientes de responsabilidad administrativa. De los cuales 14 corresponden a conductas clasificadas como graves y ocho a conductas no graves.
Rivera Aranda afirmó que el punto crucial de su informe es el envío de un expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado por la probable comisión de una falta grave.
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