Desde el inicio de la actual administración municipal, encabezada por el alcalde Eduardo Rivera Pérez, el DIF atendió a 39 niños que padecían violencia intrafamiliar.
Así lo señaló Carolina Morales García, directora general del Sistema Municipal DIF, tras reconocer que se han atendido a menores desde distintas “situaciones prioritarias”.
De acuerdo con la funcionaria, los 39 menores (20 niñas y 19 niños) que han llegado al refugio temporal, lo han hecho acompañados de sus madres. Esto luego de vivir en un entorno de violencia de género por parte de sus parejas y padres de los menores.
En estas atenciones a niños por temas de violencia intrafamiliar, precisó que se les resguarda y dota de alimentos, así como de otros servicios básicos.
Como parte de los servicios y atenciones que brindan a menores de edad en general, aseguró que también son parte del programa Médico Contigo. Pues aunque en un inicio el proyecto estaba pensado para personas de la tercera edad y con comorbilidades, ahora abarca a todos los miembros de la familia.
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Motivo de esto, puntualizó que un total de 214 niños han recibido atención médica, 522 han sido afiliados y se han otorgado 763 consultas.
Niños en situación de mendicidad provienen de Chiapas y Oaxaca: DIF Municipal
Sandra Montalvo Domínguez, directora jurídica del DIF Municipal, reveló que en Puebla se han hallado menores en situación de mendicidad.
Recordó que la dependencia realiza recorridos por el municipio para detectar a niñas o niños que estén en situación de calle. Quienes, a su vez, pudieran estar ejerciendo mendicidad o que fueran utilizados con fines de explotación infantil.
Aunque al momento no han encontrado casos de explotación infantil, manifestó que sí hay menores que solicitan dinero en la calle en compañía de sus padres. Cuyas familias normalmente provienen de estados como Oaxaca o Chiapas y están en Puebla por tres y hasta seis meses antes de retornar a sus comunidades.
Ante la probabilidad de encontrar a menores víctimas de explotación, subrayó que se da aviso oportuno al Ministerio Público. Esto para que se inicien las investigaciones correspondientes y se sancione a los responsables.
Si es que detectamos que están siendo víctimas de explotación o de algún delito en particular, entonces, inmediatamente activamos el protocolo (…) damos parte al Ministerio Público”.
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