En el Congreso local se presentó una iniciativa para derogar el delito de ultraje en Puebla, figura que fue empleada por actores políticos y gobiernos para limitar la libertad de expresión, acusando que su reputación era afectada.
La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) elaboró una reforma al Código Penal estatal, para eliminar los artículos 207 y 208, en respuesta a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional el delito de ultraje en 2021.
Y es que dichos artículos establecen que quienes cometan esta acción contra diputados, al Tribunal Superior de Justicia, a un cuerpo colegiado o de administración de justicia, obtendrán un castigo de uno a dos años de cárcel, con una multa de uno a diez días de salario mínimo, que se traduce a un monto de 172.87 a 864 pesos.
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En cambio, si el delito de ultraje en Puebla se comete contra un funcionario, empleado o “agente de la autoridad”, la pena es de un mes a tres años de prisión, mientras que la multa va de los 172 a los mil 728 pesos.
El delito de ultraje se utilizaba para amenazar la libertad de expresión
En los considerandos, la Jugocopo señaló que la tipificación del delito de ultraje en Puebla vulnera la libertad de expresión, entendida esta como un derecho que goza de protección a nivel constitucional, impidiendo así que alguien limite o prohíba la reproducción de alguna voz.
El ultraje a la autoridad debe ser derogado de todo ordenamiento jurídico porque viola inconstitucionalmente los principios de certeza jurídica, taxividad, legalidad y seguridad jurídica, y se ha empleado por diversas autoridades para restringir la labor periodística, el ejercicio de la protesta y el derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos.
También, que debe proveerse de un marco legal de derechos humanos, que brinde mayores garantías para la libertad de expresión, en un escenario donde el gobierno federal ha atacado a la prensa.
Como uno de los ejemplos más recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que algunas investigaciones hechas en su contra por medios de comunicación eran financiadas por “traficantes de influencias”.
Esto, al señalar que Estados Unidos ha hecho donaciones a Mexicanos Contra la Corrupción y al Impunidad (MCCI), organización que ha coordinado reportajes sobre irregularidades cometidas por el gobierno morenista.
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