En Puebla capital, las multas por tala ilegal sin autorización del Ayuntamiento pueden alcanzar hasta los 11 mil pesos en 2026, de acuerdo con la actual Ley de Ingresos.
Esta estrategia de fiscalización busca frenar la tala clandestina y proteger el ecosistema urbano, al establecer reglas claras para este ejercicio fiscal.
El Ayuntamiento de Puebla ha diferenciado los escenarios en los que puede intervenirse un ejemplar y en los que se impondrás multas por tala ilegal este 2026
Mientras que la seguridad ciudadana es prioridad, los proyectos de desarrollo inmobiliario deberán asumir el costo del impacto ambiental que generen.
Para cualquier intervención es indispensable contar con un dictamen técnico previo, cuyo costo por unidad será de 3 mil 843 pesos durante 2026 en Puebla. Este documento garantiza que el retiro de un árbol no afecte gravemente el entorno local.
Ignorar este dictamen puede elevar la sanción por tala ilegal hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) en 2026, según lo establecido en el Código Reglamentario Municipal (Coremun).
En ese sentido, las multas por tala ilegal de ejemplares en Puebla capital pueden iniciar en 2 mil 263 pesos y alcanzar hasta 11 mil 314 pesos durante este año.
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No obstante, cuando un árbol representa un riesgo, la intervención no tiene costo, siempre que un dictamen lo avale, para incentivar el reporte ciudadano responsable.
El gobierno municipal, encabezado por Pepe Chedraui, endureció estas políticas tras detectarse permisos irregulares en 2023.
En ese año, una agencia automotriz taló seis ejemplares en el bulevar Hermanos Serdán bajo autorizaciones indebidas.
Endurecen multas por tala ilegal en Puebla durante 2026: Ayuntamiento cerró 2025 con tres denuncias
Durante 2025, el Ayuntamiento cerró el año con tres denuncias presentadas ante la Fiscalía del Estado (FGE) por tala ilegal y derribo de árboles sin autorización.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Iván Herrera, las investigaciones se concentraron principalmente en la zona sur de la ciudad.
Al respecto, el funcionario señaló que estas acciones buscan sentar un precedente en la defensa del patrimonio verde y que los responsables enfrenten procesos judiciales.
No obstante, reconoció que en la mayoría de los reportes el personal operativo llega cuando el daño ya es irreversible y los responsables han huido.
Finalmente, Herrera advirtió que la vigilancia será estricta y que la asesoría es clave para evitar sanciones que escalen de lo administrativo a lo penal.
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