Durante el 2021, el gobierno de Miguel Barbosa Huerta presentó 64 denuncias penales, civiles y administrativas por actos de corrupción contra exfuncionarios. Los casos más representativos fueron el robo de lajas en el Centro Histórico, las irregularidades en el Centro Expositor y de Convenciones, así como la firma de contratos sin permiso por el tren Puebla-Cholula.
En el Tercer Informe del gobernador Miguel Barbosa Huerta, se destacan en lo individual los casos en los que procedieron de esa forma contra distintos actores políticos, principalmente de administraciones pasadas como la de Rafael Moreno Valle y Mario Marín Torres.
Al sumarlos, #DandoData observó que el gobierno de Barbosa presentó 64 denuncias tan sólo en 2021 contra exfuncionarios. Por otra parte, de 26 querellas que se presentaron al inicio de la administración, en 2018, cuatro personas fueron vinculadas a proceso, mientras que las denuncias restantes continúan desahogándose en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Una de las principales irregularidades denunciadas fue el presunto desvío de más de 100 millones de pesos que hubo en la construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones, durante la gestión priista de Mario Marín Torres, cuando tres sujetos —ahora detenidos—, realizaron pagos a una empresa que no tenía relación con dicha obra, por lo que no se brindó ningún servicio.
De igual manera, se procedió por el “saqueo” de las lajas originales del zócalo que se registró el año pasado, y en el cual se presume la participación de exfuncionarios del Ayuntamiento de Puebla en 2007, con la priista Blanca Alcalá Ruiz.
Las lajas originales del zócalo, que en algunos casos datan de 1700, fueron retiradas en 2008 y se han estado vendiendo de forma irregular. En ese sentido, con el propósito de identificar cuántas lajas se han levantado y dónde están, a fin de evitar que se abuse de estos materiales históricos, se presentó una denuncia por el posible robo y extravío de estas piezas que formaron parte del zócalo de la ciudad de Puebla”.
El Ejecutivo también consideró que, entre sus acciones contra la corrupción, destaca el haber cambiado el convenio para el cobro de RUTA, con lo cual se logró “la reducción de una contraprestación mensual en 43.20%, lo que representa un ahorro de más de 504 millones 989 mil pesos”.
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El tren Puebla-Cholula y La Estrella
El Tercer informe también precisa que entre las 64 denuncias, destaca el procedimiento que permitió la detención de dos ex funcionarios públicos, por firmar contratos sin autorización para el tren turístico Puebla-Cholula, el cual en enero de este año dejó de operar por su elevado costo, siendo calificado como un “elefante blanco” que dejó el morenovallismo.
Una suntuosa obra que tiene un recorrido de solo 16 kilómetros, tuvo un costo de más de mil millones de pesos; adicionalmente le cuesta en promedio al Estado mil 500 pesos por persona en cada viaje”, dicta el documento.
A su vez, se precisa un desvío de recursos durante la gubernatura de Antonio Gali Fayad en la reconstrucción de escuelas por el sismo del 2017: “La presente administración identificó contratos pagados por obras que no fueron ejecutadas, son obras inexistentes; por lo tanto, se presentó un total de 12 denuncias ante las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción a nivel estatal y federal por un monto de 204 millones 749 mil pesos en 27 contratos y 907 planteles educativos”.
De igual forma, procedieron con denuncias contra exfuncionarios por sobrecostos en la construcción y modernización de los puentes con tirantes, que fueron emblema de Moreno Valle entre 2011 y 2017.
Quedan expedientes abiertos
El informe detalla que, derivado de 923 denuncias recibidas contra servidores públicos, “se tienen abiertos 562 expedientes en los Órganos Internos de Control, en los que se investigan los hechos denunciados”.
A ello, se suman 719 expedientes donde también se investigan otras posibles faltas. Terminaron de revisar 361 expedientes, de los cuales “159 corresponden a faltas administrativas no graves y 48 a faltas administrativas graves; 134 se encuentran en proceso, 50 resueltos y 23 fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla”.
De ejercicios anteriores, existen ocho resoluciones, mientras que, de otras 58 resoluciones, en 20 hubo destituciones e inhabilitaciones del cargo; 18 suspensiones, cuatro sobre seguimientos, una amonestación pública y 15 absolutorias.
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