Diputados deberán definir cuidadosamente al titular de la Unidad Técnica de la ASE: Barbosa
El ejecutivo del estado, dijo que los diputados locales deberán respetar las condiciones legales para elegir al titular de la Unidad Técnica de la ASE
Los diputados locales, deberán realizar una definición cuidadosa del titular de la Unidad Técnica que se encargará de vigilar a la Auditoría Superior del Estado (ASE), señaló el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.
En conferencia de prensa, indicó que la conformación de la unidad será un avance importante para Puebla, pues no existía una forma de control.
La elección del titular se deberá realizar con las mismas condiciones legales que exige la constitución para ser auditor. El perfil debe ser de un hombre o mujer del más alto nivel en materia de fiscalización y auditoría.
Ya se va a tener aquí en Puebla un avance, seguramente habrá una definición cuidadosa de un titular hombre o mujer del más alto perfil en materia de fiscalización y de auditoria”.
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Titular de la ASE es acusado por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Es preciso destacar que en febrero, el extitular de la ASE, Francisco José N., fue detenido por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente suspendido de sus funciones.
La Fiscalía General del Estado (FGE) especificó que se le detuvo en un cateo en su casa de La Vista.
Entre las medidas cautelares que dictó el juez de control para Francisco José N. se encuentra la separación de su cargo y también se imponía una medida restrictiva de su domicilio.
El cateo se realizó la tarde del viernes 25 de febrero por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en su domicilio. En donde se le impedía estar presente y al parecer fue ese momento en que se dio su detención.
En otro tema, Barbosa declaró que se encuentra en diálogo con diferentes empresas para generar nuevas condiciones de funcionamiento del Museo Internacional del Barroco, pues se tiene que modificar la concesión.
Indicó que los gobiernos pasados dejaron un modelo jurídico complejo, para determinar que las empresas controlen las decisiones sobre el recinto y el gobierno no pueda intervenir.