Aprueban en comisiones tipificar como delito las terapias de conversión en Puebla
El castigo será para quienes practiquen o busquen alguna terapia de conversión en Puebla, por vulnerar la libre sexualidad de las personas
En comisiones, diputados del Congreso local avalaron tipificar como delito las terapias de conversión en Puebla, las cuales, consisten en métodos de choque para alterar la orientación sexual de una persona. Por ello y por discriminar a embarazadas, proponen una pena de hasta tres años de prisión.
Este martes, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó por unanimidad la propuesta del diputado de Morena, Carlos Evangelista Aniceto, en la que se reforma el Código Penal estatal.
Se trata de tipificar como delito cualquier esfuerzo que se haga para modificar la orientación sexual de una persona. Esta práctica conocida como terapia de conversión, la cual, implica una alta violencia psicológica. No solo se castigaría a quienes las realicen, sino también a quienes promuevan está acción.
Por ello, se plantea una pena de entre uno y tres años de prisión. Así como una sanción de 50 a 200 días de salario mínimo, equivalente a un monto de 8 mil 643 a 34 mil 574 pesos a quienes apliquen terapias de conversión en Puebla.
La diputada de Morena, María Yolanda Gámez Mendoza, comentó que el fanatismo debe dejar de ser un motivo para ejercer violencia contra otra orientación o ideología, pues debe prevalecer el respeto a los derechos humanos y el libre desarrollo de la sexualidad.
Van contra discriminación y violencia familiar
Por otra parte, los legisladores también avalaron por unanimidad que la discriminación contra embarazadas sea sancionada con uno a tres años de cárcel. Así como con una multa De 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), que se traducen en una pena de 9 mil 622 a 48 mil 110 pesos.
La propuesta del presidente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y del coordinador priísta, Jorge Estefan Chidiac, plantea a una reforma al artículo 357 del Código Penal.
No es lo único, ya que también avalaron penas de tres a 12 años de cárcel contra a quienes cometan violencia familiar en contra de embarazadas y personas con discapacidad, siendo una iniciativa del morenista Eduardo Castillo López.
Se propone que la pena actual de dos a ocho años suba en una mitad si la víctima tiene alguna de estas condiciones. En cambio, la multa vigente de 4 mil 811 a 19 mil 244 pesos, pasaría de 7 mil 216 a 28 mil 866.
Estas iniciativas pasarán al Pleno para su última aprobación.
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