Cecilia Anaya Berrios podrá asumir la posición jurídica y material de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), pues el representante legal del patronato, encabezado por Horacio Magaña Martínez desistió de la acción civil que promovió ante el Juez 24 de la Ciudad de México, por lo que entregarán el campus de la universidad.
El viernes 4 de febrero, el patronato asignado por Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, en vía de jurisdicción voluntaria, consignó ante un juez civil la posesión plena de la institución y de todos sus accesorios a Cecilia Anaya Berríos, quien fue nombrada rectora interina por la dirección histórica, tras la toma de licencia de Luis Ernesto Derbez Bautista.
Anaya podrá asumir la administración, conducción y representación de la UDLAP, tan pronto lo disponga. La Secretaría de Educación Pública (SEP) recibirá los oficios, a fin de que asuma las funciones que orgánicamente tiene conferidas y restablezca las actividades dentro de la universidad.
Tras el desistimiento de las denuncias por la posición del campus, la UDLAP quedó fuera de procedimientos de naturaleza administrativa o jurisdiccional, significa que no se podrá afectar su funcionamiento o actividades.
“A partir de este desistimiento no cabe la excusa de la prevalencia de alguna suspensión de amparo”.
El nuevo patronato hizo un llamado a todas las partes a que la universidad se mantenga fuera del conflicto legal sobre la integración de los patronatos o sobre la legalidad de los actos de disposición del patrimonio fundacional.
Resaltó que el futuro de la UDLAP se resuelve en las aulas y los laboratorios, no en los tribunales.
Los litigios por el desfalco de la fundación siguen vigentes
El conflicto judicial por el desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins por 720 millones de dólares sigue vigente, únicamente se desistió del proceso por el campus; sin embargo, se están realizando las acciones legales para garantizar que los bienes que conforman el patrimonio fundacional se destinen a su objeto y fines.
El patronato mantiene las denuncias por las cuantiosas operaciones simuladas y transacciones irregulares realizadas con recursos de la UDLAP, entre otros y han adoptado las medidas necesarias para evitar que continúe la sustracción ilícita del patrimonio.
Fue el 29 de junio cuando inició el pleito legal, donde el campus universitario se convirtió en el centro por la disputa judicial.
La dirección encabezada por Magaña Martínez, había promovido ante el Poder Judicial de la Ciudad de México un juicio ordinario civil para recuperar los bienes que fueron distraídos del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, a través de un conjunto de actos delictivos de simulación y operaciones con recursos de procedencia ilícita que fueron denunciados ante las autoridades federales y locales, ello incluía la toma de la institución que pertenece a la fundación.
Durante siete meses la universidad estuvo detenida y los estudiantes no pudieron volver a las clases presenciales.
El pasado 1 de febrero, la jueza de control, Magally Escamilla Rodríguez resolvió en audiencia que debían generarse las condiciones para reanudar las actividades académicas y clases en las instalaciones, bajo la certeza por parte de los maestros, directivos y la Secretaría de Educación Pública (SEP), desde entonces, las puertas de la universidad están abiertas.
Sin embargo, los alumnos señalaron que no volverían hasta que la operación de la universidad regresará a manos del patronato de los Jenkins y de la rectora interina Cecilia Anaya Berríos.
Este martes, previo al anuncio para que Anaya tome la dirección de la UDLAP, Armando Ríos Piter renunció a su cargo como rector, bajo el argumento de que ahora sí, no habría excusas para que los alumnos vuelvan a las aulas.
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