El juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo desechó los procesos que había en Puebla a favor del nuevo patronato de la UDLAP, para que por fin los estudiantes puedan regresar a tomar clases presenciales, bajo el mandato de la rectora Cecilia Anaya Berríos.
A través de un comunicado, informaron que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo, con residencia en San Andrés Cholula, dejó sin efectos el juicio promovido por la familia Jenkins, del cual se excusaban para no volver, pues aseguraban que ordenaba la restitución de la universidad al patronato histórico.
A pesar de que la comunidad empieza a difundir que la información es falsa, CENTRAL presenta el documento con el fallo completo del juez, que prueba que se desecharon los procesos a favor del nuevo patronato.
Explicaron que esa suspensión jamás se otorgó en esos términos y actualmente el juicio de amparo se ha declarado improcedente.
Con dicha resolución, aseguran que no queda ningún procedimiento administrativo o jurisdiccional que impida que las autoridades universitarias asuman la posesión, conducción y administración de la universidad.
Señalaron que debido a que Anaya Berríos rechazó el 11 de febrero la entrega de la universidad y sus bienes muebles, se reitera el llamado para que se privilegie la educación de los alumnos por encima de intereses ajenos.
“La universidad no es parte del debate jurídico sobre la presunta responsabilidad personal. La UDLAP merece retomar su normalidad sin pretextos o excusas”.
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El Consorcio Universitario dio la bienvenida a la UDLAP
El llamado de regreso, se da luego de que el Consorcio Universitario anunció que en las siguientes semanas los estudiantes de la UDLAP comenzarán a tomar clases presenciales en otros campus privados.
Cada universidad fijó los horarios y espacios que podrán ocupar los estudiantes y maestros para mejorar sus condiciones de enseñanza y aprendizaje.
“Hemos acordado apoyar con el préstamo de instalaciones para estudiantes y docentes de la UDLAP, en los espacios, tiempos y frecuencias acordados por cada institución, para que lleven a cabo actividades de enseñanza aprendizaje en las mejores condiciones posibles”.
Los integrantes del Consorcio destacaron la importancia de poner en primer término el interés superior de la educación de los jóvenes para la construcción de sociedades más justas, democráticas y sustentables.
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