Este día arranca el primer periodo de sesiones del último año de la LX Legislatura con polémicos pendientes, como la Ley Agnes y la despenalización de la interrupción del embarazo. Las primeras semanas serán complicadas por la coyuntura electoral y es que esto provocará que muchos legisladores, máximo 20, pidan licencia a su cargo para ir a los comicios.
Las licencias traerán cambios en la integración del Congreso, empezando precisamente por la presidencia de la Junta de Gobierno, pues Gabriel Biestro ya se ha destapado para contender por la alcaldía de la capital. Se prevé que la presidencia sea ocupada por la legisladora Nora Escamilla.
CENTRAL publicó que, de acuerdo con la Constitución, solo pueden irse de licencia 20 legisladores y ya hay tres, por lo que solamente quedan 17 espacios para salir del Poder Legislativo a saltar a otro cargo de elección popular.
A la fecha, ocho diputados han externado sus intenciones de contender por alguna diputación federal o por otro cargo de elección popular.
Además del tema electoral, la Legislatura guarda en cartera diversos asuntos pendientes que durante 2020 han dado de qué hablar por su relevancia en la sociedad poblana, al punto en que los diputados han sido acusados de dilatar la votación, como en el caso de la interrupción legal del embarazo.
El presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla ha declarado que las aspiraciones de los diputados —incluidas las suyas— no detendrán los pendientes legislativos, pues las comisiones seguirán sesionando, ahora con la presencia de los diputados suplentes que tomarán el lugar de quienes soliciten licencia.
Los principales pendientes son la interrupción legal del embarazo, que será abordada en abril; la Ley Agnes, que se discutirá en febrero, así como la creación de la Ley de Personas Desaparecidas y una reforma a la Ley del Notariado, de las que aún no hay fecha estimada.
Interrupción legal del embarazo: su principal pendiente
En 2019, la actual Legislatura rechazó la propuesta de la diputada priista Rocío García Olmedo, sobre avalar la interrupción legal del embarazo. La respuesta fue duramente criticada, ya que una de las promesas de campaña de Morena fue promover la despenalización. El argumento incansable fue: “hay cosas más importantes por abordar”.
Durante 2020 hubo esfuerzos por parte de colectivas feministas para dialogar con los diputados, sin que hubiera respuesta.
Fue hasta noviembre del año pasado cuando la diputada morenista, Estefanía Rodríguez Sandoval presentó una iniciativa para permitir la interrupción legal durante los primeros tres meses de gestación, y que el proceso sea gratuito en el sistema de salud público. A esta propuesta se sumó la iniciativa que Rocío García volvió a enviar, y una nueva de Rodolfo Huerta Espinosa en la materia.
Los viejos detractores no tardaron en alzar la voz, así como los sectores más conservadores de la entidad, quienes ya estaban enfadados con la legislatura por la aprobación del matrimonio igualitario. En este clima, el Congreso mandó la iniciativa a la congeladora.
Fue por ello que la tarde del 24 de noviembre el Congreso fue tomado por las colectivas Coatlique SiempreViva y la Coordinadora Feminista de Puebla, quienes exigieron la aprobación de la interrupción legal y la Ley Agnes.
En una toma que duró 24 días, la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) acordó con las jóvenes que hasta abril será abordada la despenalización, no sin antes realizar un Parlamento Abierto para vertir todas las opiniones sobre la interrupción del embarazo.
VER: Tras 24 días, feministas levantan la toma del Congreso de Puebla
La Ley Agnes
La segunda exigencia de las feministas fue la aprobación de la Ley Agnes, que consiste en cambiar la identidad de género de una persona en documentos oficiales, sin la obligatoriedad de “hombre” o “mujer”. Este es un importante paso para la comunidad LGBT, pues se abre un camino hacia su libertad.
Fue denominada así en honor a Agnes Torres, una abogada, activista y mujer transgénero a quien las autoridades le negaron su cambio de identidad. Fue asesinada en 2012.
Los diputados han sido más flexibles con esta iniciativa, pues acordaron votarla en febrero. La diputada Vianey García Romero espera que haya consenso en las comisiones a las que fue turnada. Sin embargo, también será sometida a la opinión pública.
La primera Ley de Personas Desaparecidas en Puebla
Única en su tipo, la Ley de Personas Desaparecidas de Puebla fue presentada, otra vez, por la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, en junio del 2020. Se trata de la primera ley en la materia que se propone en la entidad, cuando Puebla ocupa los primeros lugares en desaparición forzada.
La iniciativa planteó crear un mecanismo estatal conformado por el gobernador, el fiscal, los titulares del Instituto de Ciencias Forenses, la Comisión Estatal de Búsqueda, Derechos Humanos y las secretarías de seguridad, para robustecer y agilizar la desaparición de personas durante las primeras horas.
También establece castigar a los funcionarios que incurran en negligencia; una disculpa pública por parte del Estado; la construcción de lugares y monumentos en memoria de los desaparecidos, así como una reparación del daño, que incluye la restitución de empleos por la búsqueda y el pago de los insumos ocupados, además de atención psicológica.
En su momento, el presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla aseguró ante el colectivo Voz de los Desaparecidos, que la iniciativa sería abordada lo más pronto posible. Sin embargo, a la fecha aún no pasa a comisiones.
VER: Morena presenta la primera Ley de Personas Desaparecidas en Puebla
Reforma a Ley de Notarías
El pasado 13 de enero, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que presentará ante el Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Participación Ciudadana y la Ley del Notariado.
Sobre esta última, mencionó que consiste en que los notarios sean considerados como servidores públicos, para evitar mayores abusos. Esto permitiría que las notarías dejen de ser entregadas como favores políticos.
También, el mandatario contempla reformar el sistema judicial para “mejorar” el actuar de los jueces y magistrados, aunque la propuesta sigue en proceso.
En caso de ser presentadas durante los próximos meses, serían las iniciativas que el Congreso aprobaría con mayor rapidez, pues casi todas las propuestas del gobernador avanzan en las comisiones y el Pleno en fast track.