Para las mujeres trans, la aprobación de la Ley Agnes en Puebla —la cual se espera que sea aprobada antes del 15 de febrero—, es más que una deuda histórica. Se trata de derechos, de romper la discriminación y que la sociedad entienda que también son seres humanos. Su aprobación abre la puerta a que nuevas generaciones sean más respetuosas.
Hablar sobre personas transgénero no es sencillo en Puebla. Mucho menos hablando de la entidad con mayor índice de discriminación en el país, con un porcentaje de 28.4%. La prevalencia es por la apariencia y el sexo, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Más difícil, cuando existe una intolerancia inculcada en su mayoría por la religión, en un estado donde impera la fe católica con 5 millones 547 mil 167 creyentes, que equivalen al 88.3% de la sociedad poblana.
Este tabú impide a las mujeres trans obtener una vida digna: un empleo fijo, con prestaciones; comprar una casa; no ser discriminadas en hospitales ni por funcionarios e, incluso, a asumir su nueva identidad en documentos oficiales. “Nos ha costado un huevo tener un trabajo digno”, dijo Gaby Chumacero, También es activista de los derechos sexogenéricos, actual presidenta del Grupo Transgénero Puebla.
“Es nuestro derecho a tener un nombre propio”
A sus 50 años, a Gabriela Chumacero le ha costado demasiados esfuerzos trabajar en uno de los Juzgados Calificadores de la capital poblana. Su carácter impone desde el teléfono. Es una mujer que no se deja intimidar por nadie.
Para ella, la Ley Agnes no es un asunto de privilegios: “Es una identidad. Es un derecho que tiene la comunidad trans en Puebla. Es nuestro derecho tener un nombre propio”.
Sabe que el nombre de cajón no importa: es una imposición de los padres. Dicho título pierde valor y significado cuando se ha transicionado. De ahí la importancia de escoger otro que no solo signifique, sino que también las represente: una decisión propia.
La Ley Agnes es una iniciativa para que las personas adopten el nombre y el género que las define y las definirá durante el resto de su vida, con el que en ellos de identifiquen y su denominación se deriva de la activista Agnes Torres, oriunda de Tehuacán, y a quien el Estado poblano le negó su identidad y quien fue asesinada en marzo del 2012. Su presunto homicida intelectual, Jorge F. Z., aún no tiene sentencia.
VER: 8 años del asesinato de Agnes Torres: Sin sentencia para su asesino y su ley sigue estancada
La legislatura poblana es un reflejo de su población. La búsqueda de su identidad oficial no es un esfuerzo de hoy, sino que viene de 2016, cuando la entonces diputada Socorro Quezada Tiempo, del Partido de la Revolución Demócrata (PRD), presentó la primera iniciativa. El argumento de los legisladores, el de siempre: “hay temas más prioritarios”.
Pero ellas están solas en esta batalla. Gaby presume, orgullosa, que son respaldadas por las organizaciones Lgbtttiq+, además de Coatlique SiempreViva: el mismo colectivo feminista que en noviembre pasado tomó la sede del Congreso local para exigir a los diputados la despenalización de la interrupción del embarazo y la aprobación de la Ley Agnes antes del 15 de febrero.
Ley Agnes: un resquicio para fomentar respeto en nuevas generaciones
Pero la Ley va más allá de las actuales generaciones. Gaby dijo que su aprobación permitirá que los nuevos poblanos tengan mayor apertura a los derechos, dejando de lado las ideologías y a la educación conservadora.
La activista reconoció que se ha avanzado en ello con las infancias y las juventudes trans, pues los padres han adquirido una mayor sensibilidad a la sexualidad y al género. Sin embargo, no es suficiente.
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Al pensar en nuevas generaciones, lo primero en la mente de Diana Vardi es su sobrina. No lo dice, pero sonríe. Para la pequeña es “La tía Vard”, como le dice en referencia a su apellido.
–¿Por qué te pintas el cabello si no eres niña?–preguntó la niña a sus cinco años.
Desde que tiene uso de razón, Diana siempre se ha sabido mujer; al mirarse frente al espejo, al jugar con muñecas. No estaba puesto a discusión. “Le expliqué, y entonces su cabecita entendió el proceso”. Por eso no deja de ser la tía Vardi.
“La Ley Agnes es básica, elemental”, dijo con alegría, con jovialidad y orgullo. “No solo para un grupo. Estamos hablando de libertad: de poder ser nosotras mismas, no solo de manera física, sino de manera legal. Poder llegar a un lugar y poder identificarte; sacar una casa, ir al doctor, tener tu propia identificación”.
Más aun porque su aprobación será determinante para romper con la barrera de la discriminación, abrir las oportunidades laborales y evitar que las jóvenes caigan, obligatoriamente, en el trabajo sexual, salvándose así, quizá, de los transfeminicidios.
Diana, a sus 40 años, es estudiante de Comunicación, conductora, animadora y con una carrera de Relaciones Internacionales.
VER: Tras 24 días, feministas levantan la toma del Congreso de Puebla
El tiempo corre contra la aprobación.
Fue en diciembre cuando LX Legislatura firmó una serie de acuerdos con las feministas que tomaron el Congreso, entre ellos, la Ley Agnes. El compromiso fue que la iniciativa debía abordarse en el Pleno a más tardar el 15 de febrero.
Sin embargo, a dos semanas de cumplirse la fecha, la Mesa Directiva no ha dado respuesta y tanto Diana como Paty y otras mujeres trans temen la misma respuesta de años.
Por eso es que el pasado jueves, activistas y colectivos se alzaron en redes sociales con #LeyAgnesYa, para recordar a los 41 legisladores su deuda: un llamado que incluso retumbó en la sesión plenaria virtual, dentro de los comentarios.
Su lucha no es menor, pues desde 2016 existen tres iniciativas de la misma Ley, que el Congreso ha mandado a la congeladora.
La más reciente, presentada por la morenista Estefanía Rodríguez Sandoval, propone reformar siete artículos y adicionar otros cuatro al Código Civil local, para establecer que, si una persona necesita el cambio de identidad de género en nuevas actas de nacimiento, no se le exija acreditar una intervención quirúrgica, terapias u otros diagnósticos.
Reformas similares a la Ley Agnes solo se han aprobado en la Ciudad de México Coahuila, Nayarit, Michoacán, Colima, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Jalisco, Tlaxcala y Quintana Roo, por lo que Puebla se convertiría catorceavo estado. La capital del país fue la primera que lo avaló en 2008.