Puebla es un estado en el que los hombres no aman a las mujeres, pero sus casos de violencia han sido un parteaguas para hacer leyes que hoy intentan dar más seguridad a cada una de las poblanas, niñas, adolescentes, adultas y de la tercera edad, para que vivan libre de todo acto que atente contra su integridad física, psicológica o económica.
Durante la semana previa al Día Internacional de la Mujer, en Revista Rayas, rendimos honor, reconocimiento y agradecimiento a las mujeres que fueron víctimas de la violencia machista y que a razón de ello, hoy nos dejan un legado en el ámbito político de Puebla.
Sus historias y las reformas de leyes locales y federales que han surgido a partir de sus casos, se han convertido en la bandera de lucha que millones de mujeres mexicanas han abrazado e interiorizado de manera personal y colectiva para enfrentar con valentía la desigualdad, la violencia sistemática y feminicida que azotan al país.
Olimpia Coral, Agnes Torres, Ingrid Escamilla, Mara Castilla y Mariana Fuentes, cuyas vidas pendieron de un hilo a causa de sus victimarios, han revivido la lucha feminista en todo México.
La rabia y tristeza que provocó el injusto desenlace de la mayoría de estas mujeres se convirtió en el granito de esperanza de muchas de nosotras para evidenciar la falta de empatía y protección por parte de nuestras autoridades, que nos siguen revictimizando y culpando a pesar de las violencias que se ejercen en nuestra contra.
A ellas sólo nos queda agradecerles, por brindar un panorama mejor a las mujeres del presente y del futuro, por mostrarnos que la lucha por nuestros derechos sigue vigente, por ser la voz del cambio y por contribuir con su legado a la historia política de México.
1.- Olimpia Coral
Originaria del municipio de Huauchinango y con tan sólo 18 años, Olimpia Coral fue víctima de acoso digital por parte de su entonces pareja, tras difundir un video sexual sin su consentimiento.
En ese entonces el término “violencia digital” no era muy común y la mayoría de los mexicanos desconocíamos casi por completo lo que implicaba, hasta ese momento.
La joven fue seriamente criticada en redes sociales, la victimizaron y señalaron por el video. Salir a la calle se volvió un martirio para ella, a raíz de los miles de comentarios negativos que recibió.
El proceso de sanación no fue fácil. Sin embargo, Olimpia estaba determinada a evitar que otras mujeres sufrieran el mismo destino que ella. Fue entonces que decidió crear una iniciativa de ley para castigar la violencia mediática, acoso, insultos y difusión de imágenes o videos de contenido íntimo sexual a través de los medios digitales y de comunicación.
El 20 de noviembre de 2020 la Ley Olimpia se volvió una realidad que hoy protege el derecho a la privacidad e intimidad de las mujeres, que se castiga con prisión, con la agravante en caso de ser cometido por alguien con quien la víctima haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza. Esta ley se ha aprobado en varios del país incluido Puebla.
2.- Agnes Torres
Antes del crimen de odio cometido contra la activista transexual Agnes Torres, la joven hizo historia por su trabajo en materia de derechos humanos en pro de la comunidad LGBTTTIQ+.
Agnes Torres nació en Tehuacán un 23 de marzo de 1983, se formó como psicóloga en la Universidad de Veracruz, pero nunca pudo recibir su título debido a la falta de reconocimiento de identidad sexogenérica en los documentos oficiales expedidos por el estado mexicano.
A finales de 2011 y principios de 2012, su trabajo la llevó a ser reconocida como una de las activistas trans más importantes del país. El 10 de marzo de 2012 su cuerpo fue encontrado a un costado de la autopista Siglo XIX y su asesinato fue catalogado como un crimen de odio y trasnfobia.
Agnes dejó dos legados que hoy apelan a favor de las personas trans en Puebla: la reforma al Código de Defensa Social para añadir el término “crimen de odio” como agravante en un homicidio por género u orientación sexual, generando condenas de hasta 13 años de cárcel para los responsables.
Por otro lado, la iniciativa de reforma conocida como Ley Agnes apenas fue aprobada por el Congreso local y que reconoce la identidad de las personas trans.
VER: Después de siete años, la Ley Agnes hoy es una realidad en Puebla
3.- Ingrid Escamilla
El domingo 9 de febrero de 2020, uno de los cientos de feminicidios que tienen lugar en México, estremeció al país entero.
Ingrid Escamilla, una joven profesionista que salió de la comunidad de Juan Galindo con la esperanza de encontrar mejores oportunidades laborales en la Ciudad de México, fue asesinada por su entonces pareja Erick N.
Su cuerpo fue violentado y su memoria simplemente pisoteada por las autoridades y los medios de comunicación, que irresponsablemente difundieron las fotografías de una mujer víctima de la violencia machista.
La indignación por el caso de la joven poblana alcanzó a las redes sociales, donde miles de personas, en su mayoría activistas feministas, exigieron que las grotescas fotografías fueran eliminadas de la red, lo que más adelante dio paso a lo que hoy conocemos como #LeyIngrid.
La #LeyIngrid fue aprobada en el Congreso de la Ciudad de México para multar o castigar con dos o hasta seis años de cárcel a policías, peritos, ministerios y servidores públicos que difundan material gráfico y de video de las víctimas de homicidios y feminicidios.
4.- Mara Fernanda Castilla
La violencia contra las mujeres que se ejercía en Puebla tomó un rumbo alarmante en 2017, tras darse a conocer la noticia sobre la desaparición y muerte de dos estudiantes: Mara Castilla y Mariana Fuentes. A pesar de que Mara era originaria de Xalapa, Veracruz, es de gran relevancia mencionar su caso, ya que tuvo un fuerte impacto en varios estados del país.
En una noche de fiesta con sus amigos en Cholula, Mara abordó una unidad del servicio de transporte privado Cabify la madrugada del 8 de septiembre de 2017 para regresar a casa de manera “segura”. Sin embargo, a pesar de haber llegado a su destino, nunca bajó del vehículo.
Al día siguiente, amigos y familiares comenzaron a circular la foto de la joven en redes sociales, con la esperanza de dar con su paradero, una campaña a la que se unió la empresa Cabify después de que el conductor Ricardo Alexis N fue señalado como el principal sospechoso de su desaparición.
El 13 de septiembre, Ricardo Alexis fue detenido en Terrenate, Tlaxcala, y dos días después el fiscal general del estado, Víctor Carrancá Bourget dio a conocer que este hombre secuestró a la estudiante de la UPAEP, la llevó a un motel ubicado al sur de la ciudad, abusó de ella, la asesinó y abandonó su cuerpo en una barranca de Santa María Xonacatepec..
Devastados, los padres de Mara interpusieron una demanda contra Cabify por daño moral.
5.- Mariana Fuentes
A esto se sumó el caso de otra joven estudiante, Mariana Fuentes Soto, compañera de la BUAP, quien sufrió el mismo destino que Mara a manos de un conductor de UBER, el 30 de septiembre de ese mismo año, que casi le cuesta el permiso de operación a la app de transporte.
El entonces gobernador, Antonio Gali Fayad envió una iniciativa de reforma de la Ley de Transporte al Congreso para obligar a las empresas a verificar la identidad de sus conductores, brindarles capacitación en materia de derechos humanos con perspectiva de género, la habilitación de botones de pánico disponible para los usuarios y el acceso a la geolocalización de los vehículos.
VER: ¡Ahora sí! Estas son las nuevas medidas que deberán acatar UBER y Cabify para operar en Puebla
El impacto a nivel nacional se hizo presente en la Cámara de Diputados, donde el secretario de la Comisión de Transportes, Arturo Santana Alfaro mencionó que deben existir sanciones penales severas para las compañías de apps móviles que incurran en este tipo de crímenes, declaración que fue respaldada por sus compañeros militantes del PRI y PRD.