El secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García se pronunció en contra de que los servicios de salud pública se vean obligados a practicar abortos en caso de que el Congreso local permita la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
En entrevista, el funcionario estatal dijo que, seguramente, habrá resistencia por parte de algunos doctores en realizar los procedimientos y que no pueden ser obligados tampoco a realizarlos.
Martínez García incluso dijo que personalmente está en contra del aborto.
A título personal, yo estudié para salvar vidas. Eso es a título personal, por favor no lo tomen mal. Y así como uno, hay muchos médicos que yo no los puedo obligar”, dijo.
#VIDEO 👨🏻⚕️👩🏻⚕️💚 @JAntonioMtzGa, titular de la @SaludGobPue, señaló que él no puede obligar a los doctores a realizar #abortos, ante la posibilidad de que está práctica pueda legalizarse en algún futuro.
— Periódico Central (@CentralPuebla) December 1, 2021
🎥: @Bryan_TheSounds pic.twitter.com/PnkHCD86fM
La propuesta que se discute en el Congreso de Puebla
Fue el pasado 16 de junio cuando se presentaron ante el Congreso de Puebla las iniciativas para la interrupción del embarazo en Puebla, hasta las 12 semanas de gestación.
Entre ellas se propone reformar el artículo 339 de la Ley de Salud para que se considera aborto solo a partir de las 12 semanas de gestación.
Además, se plantea modificar el 70 BIS para que el estado garantice la interrupción del embarazo de forma gratuita y segura.
Las instituciones públicas de salud del Estado deberán proceder a la interrupción legal del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cuando la mujer interesada así lo solicite”, señala la iniciativa.
Es por eso que, de aprobarse, los médicos que trabajan en los servicios públicos de salud tendrían que realizarlo a petición de la mujer.
La Legislatura terminó sin analizar esta iniciativa, y la que tomó protesta el 15 de septiembre tendrá que analizarla.
No hay mucho que puedan discutir, pues el pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron la legislación en Coahuila que impone de uno a tres años de cárcel a la mujer que interrumpa su embarazo.
Con ello instauraron una jurisprudencia para todo el país, por lo que poco a poco cada uno de los Congresos locales tendrá que despenalizar el aborto.
En Puebla, la interrupción del embarazo se castiga con penas de seis meses a un año de cárcel, aunque el gobernador, Miguel Barbosa ha resaltado que ninguna mujer está presa por este delito.