El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis Alcántara Carrancá atrajo el litigio por la Fundación Mary Street Jenkins a petición de la familia Jenkins de Landa, debido a que no han recuperado el campus de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y de que existe una orden de aprehensión en su contra.
El ministro decidió atraer el oficio en solicitud de ejercicio de la facultad de atracción para conocer el recurso de queja, ante la falta de legitimación de los quejosos, es decir, de los hermanos Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como su madre, Elodia Sofía de Landa Irizar, y su nieto Juan Guillermo Eustace Jenkins.
Mismos que son señalados de haber desviado a paraísos fiscales 700 millones de dólares del patrimonio de la Fundación a fin de apropiarse de la fortuna. Actualmente se encuentran prófugos de la justicia.
El litigio de los Jenkins empezó en el año 2016, cuando se denunció el esquema de defraudación ante la Fiscalía General de la República, en el caso ha intervenido también la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 4 de octubre de 2021, el nuevo patronato de la UDLAP informó que la FGR recibió un contrato para la prestación de servicios profesionales realizado entre la familia Jenkins de Landa y los abogados Virgilio Rincón y Alejandro González, donde pactan el desfalco de más de 700 millones de dólares a la Fundación Mary Street Jenkins.
La prueba fue aportada por un testigo clave para la investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada, información que aportará a las averiguaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en torno al caso.
La familia Jenkins se pronunció en contra y dijo que el contrato que se celebró para realizar la reversión de los recursos de la Fundación fue para proteger el patrimonio ante el ambiente de persecución que existe.
VER: Evidencian contrato de los Jenkins donde pactan desfalco de más de 700 mdd