La Fiscalía General de la República (FGR) recibió un contrato para la prestación de servicios profesionales realizado entre la familia Jenkins de Landa y los abogados Virgilio Rincón y Alejandro González, donde pactan el desfalco de más de 700 millones de dólares a la Fundación Mary Street Jenkins.
La prueba fue aportada por un testigo clave para la investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada, información que aportará a las averiguaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en torno al caso.
El contrató celebrado expone que el objetivo era lograr la liquidación o en su caso la reversión del patrimonio de la fundación y el reparto del capital de la misma entre los patronos, en caso de que existiera la pretendida intervención en la administración de la fundación por cualquier autoridad.
Además, debían transferir legalmente el patrimonio hacía otros vehículos que dieron continuidad a su labor, buscando jurisdicciones con beneficios fiscales y corporativos que a la vez evitaran las amenazas de autoridades locales y federales.
Por esta prestación del servicio, se convino para el pago del 15% de los activos de la fundación a los abogados como un amparo al contrato, más el impuesto al valor agregado.
El monto de los honorarios se fija atendiendo la opinión de los asesores permanente de la fundación, del análisis a las diversas propuestas emitidas por profesionales en la materia y la complejidad de los asuntos encomendados y al monto al valor agregado por defender”, expone el contrato.
Se especificó que los honorarios se debían pagar de la siguiente manera:
Al firmar el contrato se desembolsaron 55 millones de dólares de la fundación en garantía del pago parcial de los honorarios y que se irían liberando en la medida que se alcanzaran los objetivos procesales y jurídicos.
Posteriormente, los abogados recibirían el 40% del pago prometido, al momento que se obtuviera el resguardo del patrimonio a través de una institución.
Y el restante del honorario se entregaría hasta que el patrimonio estuviera domiciliado en una diversa jurisdicción, todas las cantidades debían tener valor agregado.
Los abogados obtuvieron más de 2 mil millones de pesos, cuyo destino era para los poblanos, pues a la firma del contrato recibieron mil 100 millones de pesos, parte de este recurso fue enviado a Alaska.
Los Jenkins contrataron a la firma americana Quinn Emanuel Sullivan & Urquhart, que pretende demandar al estado mexicano, lo cual se notificó a la Secretaría de Economía, misma a la que informaron que se acusará de haberlos privado de sus cargos dentro de la Fundación Mary Street Jenkins y la Fundación de las Américas Puebla.
Fue el 29 de junio cuando la familia Jenkins de Landa fue destituida del patronato de la UDLAP y se eligieron nuevos miembros, quienes tomaron posesión del campus universitario.
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