El Congreso de Puebla aprobó en comisiones unidas de Gobernación e Igualdad de Género, reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Ahora, los medios de comunicación también serán considerados como sujetos que pueden ejercer este tipo de violencia contra las mujeres en el estado.
También se amplía de 8 a 22 las acciones u omisiones que serán consideradas como violencia política contra mujeres en razón de género, además de que se incorpora el otorgamiento de órdenes de protección inmediata y de oficio para las víctimas de esta modalidad de violencia.
El dictamen para reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue aprobado por unanimidad, e integró las iniciativas de diputadas de Morena, PRI, PAN, PRD, MC y Encuentro Social.
La coordinadora del PRD, Liliana Luna Aguirre, señaló que es necesario endurecer la legislación en materia de violencia política de género debido a que hay una mayor participación de las mujeres en la actividad política.
Recordó que en la elección de 2018, la violencia contra las mujeres en el proceso electoral llegó al punto más alto con el asesinato de la candidata a diputada local, Juany Maldonado y su asistente en la Sierra Norte de Puebla.
Por su parte, la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, externó que la violencia política contra mujeres en razón de género también es cometida entre las mismas mujeres, pues siguen haciéndose señalamientos de que no estarían en los cargos a los que llegaron si no fuera por su relación conyugal.
Agregó que la ex mandataria estatal, Martha Erika Alonso Hidalgo, fue víctima de este tipo de violencia contra las mujeres en la elección por la gubernatura de 2018.
La priista, Rocío García Olmedo, dijo que la tipificación de la violencia política de género comenzó con reformas propuestas en la Cámara de Diputados por su partido.
Indicó que aún faltan reformas para garantizar igualdad de condiciones para las mujeres en el ámbito político.
El dictamen también establece que los titulares del Instituto Electoral del Estado, del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, el Consejo Estatal para la Atención de la Violencia Familiar, y del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas al Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
Las órdenes de protección serán de carácter Preventiva, Civil, Familiar, medidas cautelares y de reparación del daño en materia electoral.
Además, tanto el Tribunal como el Instituto Electoral del Estado deberán colaborar en el otorgamiento de las órdenes de protección en favor de las víctimas de violencia política de género.
En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, las autoridades estatales, municipales, auxiliares, o cualesquiera que se encuentren en la estructura de la administración pública estatal y municipal, deberán colaborar con el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla para el otorgamiento de las órdenes de protección que sean decretadas”.
