Después de que cinco empleadas denunciaron por acoso sexual y laboral a Jaime Calderón Vázquez, director general del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP), la Comisión de Derechos Humanos (CDH) giró un oficio a la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno para solicitar, de forma inmediata, protección a las víctimas debido a que su integridad podría estar en riesgo.
VER: Por acoso sexual y laboral denuncian al director del Instituto Registral y Catastral de Puebla
En el oficio V2/005365, emitido el 4 de septiembre pasado, la CDH menciona que, después de recibir la queja presentada por las cinco empleadas del IRCEP, se estableció que las víctimas corren riesgo y, por lo tanto, se deben adaptar cuatro medidas cautelares de forma inmediata a fin de evitar cualquier afectación en su contra.
La primera medida cautelar solicitada a María Teresa Castro Corro, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, es instruir a todos los servidores públicos de su secretaría para que actúen en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio de su función pública y se garantice la máxima protección de los derechos humanos de las denunciantes y todas las mujeres de la secretaría, con especial énfasis en la Dirección General del IRCEP.
La segunda, que cesen los actos de hostigamiento sexual y laboral contra las víctimas por parte de Jaime Calderón Vázquez y que no se tomen represalias de ninguna índole, garantizando que no se vean afectadas en su cargo, horario, salario, entre otros.
En la tercera medida cautelar se pide que Jaime Calderón Vázquez no tenga acercamiento o contacto alguno con las afectadas y, en la cuarta y última, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente ante la Función Pública contra el director general del IRCEP.
Este lunes 7 de septiembre, la Secretaría de Planeación y Finanzas hizo de su conocimiento a Jaime Calderón Vázquez el oficio y las medidas cautelares solicitadas por la CDH; sin embargo, en el escrito solo se le pidió al director general “instruir a quien corresponda para que antes de las doce horas del 9 de septiembre del año en curso, se remita, en copia certificada, la documentación con la que se acredite las acciones realizadas para dar cumplimiento a las medidas cautelares”.