En la recta final del 2019, el Congreso de Puebla entrará en una nueva encrucijada, ahora por el nombramiento del titular de la Fiscalía General del Estado para un periodo de siete años.
Tras elegir en medio de la polémica a los titulares de la Comisión de Derechos Humanos y de la Auditoría Superior del Estado, los diputados de la LX Legislatura se meterán en una nueva travesía para lograr el consenso y aprobación de una amplia mayoría de los legisladores locales en el nombramiento del titular de la FGE.
En las próximas horas, ingresará al Pleno del Congreso del Estado el oficio de Víctor Carrancá Bourget donde notifica sobre su renuncia definitiva al cargo de fiscal del estado.
VER: Congreso de Puebla recibe oficio de renuncia de Carrancá como titular de la FGE
A partir de ese momento, el Poder Legislativo tendrá un plazo máximo de 40 días para llevar a cabo todo el proceso de designación del titular de la FGE, desde la conformación de una lista de por lo menos 10 candidatos hasta la elección del Fiscal por las dos terceras partes del Congreso local.
Sin embargo, a diferencia de los nombramientos de los titulares en la Comisión de Derechos Humanos y de la Auditoría Superior del Estado, en el supuesto que no exista consenso entre los diputados para la elección del Fiscal General de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta tendrá la facultad de intervenir para destrabar el proceso o, incluso, designar al titular.
Dos procesos de designación, y en ninguno han llegado a un consenso las bancadas del Congreso
En 2019, el Congreso del Estado, conformado en su mayoría por diputados de Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, atravesó por dos procesos de elección de nuevos titulares en la Comisión de Derechos Humanos y la Auditoría Superior del Estado.
En la elección del nuevo ombudsperson, la Comisión General de Derechos Humanos emitió la convocatoria abierta para cualquier aspirante respaldado por asociaciones, organismos, escuelas, entre otras instituciones.
Para este procedimiento se inscribieron 25 aspirantes, los cuales serían entrevistados por los diputados y serían evaluados de manera cuantitativa.
Al concluir este periodo, las diputadas de la Comisión agregaron un criterio cualitativo a la evaluación de los perfiles, con lo que en la lista final de candidatos entró José Félix Cerezo Vélez, y quedó fuera Mónica Silva Ruiz, quien obtuvo la mejor evaluación cuantitativa y trabajó en el Instituto Poblano de las Mujeres.
Con acusaciones su cercanía al mandatario de Puebla desde que era senador de la República y no contar con la experiencia mínima de cinco años en materia de Derechos Humanos, el Congreso local designó a Félix Cerezo con 29 votos a favor.
En tanto, para la elección del nuevo Auditor Superior del Estado la controversia se presentó desde la inscripción de aspirantes como Francisco Romero Serrano, Alberto Segovia Blumenkron y Juan Carlos Díaz Carranza, entre otros.
El principal señalamiento en este proceso era la cercanía de Romero Serrano al gobernador Miguel Barbosa, pues desde la campaña electoral de 2018 lo apoyó desde el sector empresarial.
La secrecía y tensión por esta designación fue tal que hasta un día antes de la fecha límite para la elección mantuvieron oculta la lista de candidatos, que fue conformada por Francisco Romero, Díaz Carranza y Salvador Sánchez Ruanova.
En la Sesión Ordinaria del Pleno, la oposición acusó a los diputados Guadalupe Muciño, Fernando Jara y Estefanía Rodríguez de firmar cartas de apoyo a Romero Serrano para su inscripción, lo que incurriría en un conflicto de intereses que los imposibilitaría de votar.
La advertencia de posibles amparos o actos de inconstitucionalidad contra el Congreso del Estado no fueron suficientes para hacer que no votaran los legisladores y, con apenas 27 votos, 10 en contra, dos abstenciones y dos nulos, nombraron a Francisco Romero como auditor del estado para el periodo 2019-2026.
Este actuar de los legisladores morenistas provocó que al Partido Acción Nacional analice presentar una controversia constitucional, con el argumento de que no fue una elección por las dos terceras partes del Pleno, pues aseguran que esto se logra con 298 votos a favor.