Por mayoría de votos, el Congreso de Puebla aprobó, por tercera vez, la abrogación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, conocida como Ley Bala.
Los diputados confían en que, con Miguel Barbosa como gobernador, esta vez sí sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, ya que las dos veces anteriores fue vetada por el entonces gobernador, Tony Gali.
Los diputados de la LX Legislatura aprobaron con 25 votos a favor y 12 abstenciones la eliminación de esta ley; la bancada de los partidos Acción Nacional, del PRI, Movimiento Ciudadano; Héctor Alonso Granados, de Morena; José Juan Espinosa, del PT; Hugo Alejo Domínguez, de los sin partido; y Rocío García Olmedo, del PRI se abstuvieron de aprobar la minuta de decreto.
Con la aprobación de esta abrogación se da paso a que el Poder Ejecutivo armonice la Ley de Seguridad Pública del Estado con las Leyes Secundarias de la Guardia Nacional.
Durante la sesión, los diputados de Acción Nacional, así como el petista José Juan Espinosa y el morenista Héctor Alonso Granados criticaron la abrogación de la Ley Bala, pues señalaron que la expedición de la Ley Nacional para regular el uso de la fuerza establece en sus artículos transitorios que los estados deberán crear leyes similares a esta.
El panista Oswaldo Jiménez López dijo que distintas fracciones de la ley nacional, promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene los mismos lineamientos para regular el uso de la fuerza que se están abrogando.
Por su parte, el ex alcalde de San Pedro Cholula dijo que al aprobar esta abrogación los diputados locales de Puebla quedarán exhibidos por verse obligados a realizar una segunda ley similar a la emitida en el gobierno de Rafael Moreno Valle.
En tanto, Héctor Alonso Granados dijo que no se puede dejar sin un marco normativo para el uso de la fuerza a las policías estatales en casos de manifestaciones.
La diputada Vianey García Romero señaló que con esta abrogación no se deja sin un marco de acción a los policías y se da un tiempo para establecer protocolos de actuación.
Desde el pasado 2 de octubre se iba a someter a votación la abrogación de la Ley Bala, pero por conflictos entre los diputados Gabriel Biestro y José Juan Espinosa se suspendió la sesión.
El nacimiento de la Ley Bala y el Caso Chalchihuapan
En mayo de 2014, los miembros de la LVIII Legislatura, encabezada por los diputados de Acción Nacional aprobaron la expedición de Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, enviada por el mandatario Rafael Moreno Valle, y que permitía la implementación de armas no letales para disuadir protestas.
El 9 de julio de 2014 decenas de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan cerraron la circulación de la autopista Puebla-Atlixco para exigir al gobierno del estado que les regresara la operación del registro civil.
En la protesta, la policía estatal, en ese entonces comandada por Facundo Rosas, como secretario de Seguridad Pública, hizo uso de la fuerza amparados por la bautizada Ley Bala para disuadir la manifestación. Los elementos de seguridad lanzaron proyectiles de gas lacrimógeno y a detener a varios manifestantes.
Entre las víctimas del acto de disuasión un pequeño de 13 años ―José Luis Tehuatlie Tamayo― que cruzaba la calle junto con su madre, fue alcanzado por uno de los proyectiles, que lo impactó en la cabeza. Tras días en el hospital, José Luis Tehuatlie fue diagnosticado con muerte cerebral.
Otras tres personas fueron heridas por los proyectiles utilizados por la por la policía estatal fueron: Martín Romero Montes, impactado en el pómulo izquierdo y necesitó el 65 por ciento de reconstrucción del rostro; Vicente Tecalero Juárez, de 21 años, presentó traumatismo craneoencefálico; y Gilberto Varela Tecalero perdió el dedo índice y el anular, aunque de estos casos no se logró documentar fotográficamente.
También resultaron heridos Martín Xelhua, impactado en la mejilla izquierda; Filemón Precio Grande, golpeado en el abdomen; y Hugo Jiménez, quien perdió el ojo izquierdo.
En la madrugada del 18 de octubre del 2014, la Policía Estatal se internó en Chalchihuapan y se llevó al alcalde auxiliar Javier Montes Bautista y a cinco pobladores detenidos golpeados, encapuchados, asustados, semidesnudos y descalzos. Las personas fueron enviadas al penal de San Miguel acusados de los delitos de motín y ataques peligrosos.
Fausto Montes García, Raúl Contreras Montes y Álvaro García Xelhua fueron liberados el 27 de octubre de 2014; el 29 de octubre del 2015 salieron Florentino Tamayo Ponce y Vicente Juárez García; y el presidente auxiliar de Chalchihuapan fue liberado el 4 de septiembre del 2016.