Mientras a nivel nacional diputadas del Movimiento de Regeneración Nacional anunciaron este 30 de septiembre que buscarán la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación, en el Congreso de Puebla la misma bancada ha mandado el tema a la congeladora legislativa, e incluso los diputados de este mismo partido han expresado su rechazo a la interrupción legal del embarazo.
Las diputadas federales obradoristas anunciaron que propondrán reformas al Código Penal Federal para cambiar el concepto de aborto, concebido actualmente como “muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, para que ahora sea entendido como “la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación”.
Además, buscarán establecer una pena máxima de prisión de ocho años para quienes provoquen el aborto en una mujer sin su consentimiento previo; y reformar la Ley General de Salud para que sea materia de salubridad general “la interrupción del embarazo”.
En caso de que sea aprobada las reformas por la Cámara de Diputados, y posteriormente la de Senadores, los Congresos locales tendrán que armonizar sus leyes en materia Penal y de Salud.
Con estas reformas, las diputadas federales de la Cuarta Transformación se montaron en la despenalización del aborto para todo el país.
Sin embargo, en Puebla Morena no se atrevió a presentar la iniciativa, y en cambio lo hizo el PRI, y la discusión de este tema ha provocado división entre los 22 legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena―PT―PES).
Morena llevará reformas a la Cámara Baja, contemplan permitir aborto antes de las 12 semanas de gestación y endurecer penas
Este lunes, la diputada federal por Morena, Wendy Briseño Zuloaga, en compañía de otras diputadas de su grupo legislativo, presentaron una serie de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para permitir la interrupción legal del embarazo hasta antes de las 12 semanas de gestación, y prisión de hasta ocho años para quienes provoquen el aborto de una mujer sin su consentimiento.
En cuestión penal se propone reformar los artículos 329, 330, 331 y 332 de este Código Federal. La modificación al 329 propone cambiar la definición del aborto como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez” por el de “la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación”.
En los cambios a los artículos 330 y 331 se contemplan penas de tres a ocho años de prisión a quienes hicieran abortar a una mujer sin su consentimiento, dependiendo las condiciones. El Código Penal Federal establece que quien hiciere abortar a una mujer, se le aplicarán de uno a tres años de prisión, siempre que lo haga con consentimiento de ella; y cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años.
En la Ley General de Salud, plantean adiciones a los artículos 3, 10 Bis, 6 Bis, y 71 Bis. La iniciativa morenista contempla adicionar la fracción V Bis del artículo 3 para contemplar “la interrupción legal del embarazo” como materia de salubridad general.
La incorporación del artículo 71 Bis, propone que “la Secretaría de Salud reconocerá y garantizará los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo la interrupción legal del embarazo”.
Por lo que hace al artículo 10 Bis, se propone agregar un cuarta párrafo para establecer que “el personal médico y de enfermería podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley”.
Sin embargo, las instituciones públicas deberán contar con personal no objetor de conciencia para garantizar estos procedimientos médicos.
En sus transitorios, establecerán que todos los congresos locales armonicen estas disposiciones penales conforme al contenido del decreto que se apruebe.
En Puebla, propuesta es para disminuir penas por abortar y sólo realizar servicio comunitario
En mayo de este año, ingresó al Congreso local una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado pero solo para reducir las penas por abortar en el estado de Puebla y evitar que las mujeres vayan a prisión por practicarse este procedimiento y que sólo realicen servicio comunitario.
La propuesta, llevada al Pleno por la priista Rocío García Olmedo, también propone modificar las causales por las que no se puede sancionar el aborto.