Este miércoles, el gobernador Miguel Barbosa Huerta envió una iniciativa de decreto al Congreso local, para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y otorgarle a la Fiscalía General del Estado el control del Servicio Médico Forense.
La iniciativa del titular del Ejecutivo estatal consiste en la derogación de la fracción IV del artículo 113 y del 120 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y las reformas a las fracciones I y II, y la adición de las fracciones III y IV del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Esta iniciativa ingresará este miércoles en Sesión Ordinaria y será turnada a Comisiones para su análisis y posterior aprobación.
En las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial se le quita al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla el Servicio Médico Forense, como parte de sus órganos auxiliares encargado de auxiliar en la procuración, administración e impartición de justicia con la realización de estudios forenses.
Con las adiciones al artículo 23 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado el Instituto de Ciencias Forenses tendrá a su cargo el Servicio Médico Forense para “emitir estudios de carácter médico forense, identificación de cadáveres, químicos toxicológicos, histopatológicos, genéticos, antropométricos, odontológicos, dactiloscópicos, entomológicos, valoraciones psiquiátricas y psicológicas y demás estudios de esta naturaleza que resulten necesarios.
En caso de ser aprobado por el Pleno del Congreso del Estado, el decreto entrará en vigor el día hábil después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
De acuerdo con los transitorios de la iniciativa, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado tendrá noventa días para transferir a la Fiscalía General del Estado de Puebla, los asuntos y recursos humanos, materiales y financieros asignados al Servicio Médico Forense, con la intervención de los órganos internos de control respectivos.
En este periodo de transferencia, el Servicio Médico Forense a cargo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla deberá continuar en funciones a efecto de no suspender la prestación de los servicios respectivos.
Además, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado de Puebla, deberán que realizar las gestiones ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que realice las adecuaciones presupuestales y tome las previsiones necesarias, para su inclusión en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.